La
Junta de Andalucía puso en marcha sus subastas de medicamentos para
intentar solucionar el agujero financiero de la sanidad pública
andaluza, hablamos de casi mil millones de euros que adeuda a sus
proveedores. A fecha de hoy esperaban haberse ahorrado 300 millones y
ni siquiera esa cantidad llega a los cien.
Laboratorios,
pequeños y poco fiables, pujaron a la baja y ganaron las subastas,
pero son incapaces de garantizar un suministro regular de
medicamentos a la red de farmacias de Andalucía. Y digo lo de poco
fiables, porque la mayoría de ellos son asiáticos y tienen
prohibida la venta de sus fármacos en países como EEUU por su falta
de controles de calidad en origen, algo que nos debería de preocupar
bastante a los andaluces, porque ahorrar si, pero no a costa de la
salud o de la vida de los ciudadanos.
La
Ley de Garantías y Uso Racional de los Medicamentos y Productos
Sanitarios fue reformada el 20 de junio de 2013 para así impedir que
las CCAA pudieran hacer sus subastas y así impedir, de forma
taxativa y clara, esta distorsión en el mercado único nacional de
fármacos.
Pues
bien, la Junta de Andalucía hace caso omiso de la reforma legal y
convoca la cuarta subasta de fármacos, un nuevo episodio de
confrontación con el gobierno de Rajoy en plena campaña electoral
de las europeas. Ahora lo de siempre, enésimo recurso de la Abogacía
del Estado contra el Gobierno andaluz ante el TC.
Con
la que tiene encima Andalucía, sus gobernantes se dedican a intentar
molestar al gobierno central en vez de gestionar y dar soluciones a
los andaluces.
