El Tribunal Supremo,
concretamente su Sala Segunda, parece mantenerse firme en la causa penal contra
los golpistas catalanes pese a las continuas presiones de que es objeto por
parte del Gobierno. Estamos ante “la prueba del algodón” del grado de
independencia de nuestro Poder Judicial.
Acaban de conocerse los autos
que certifican que el sumario del juez Llarena ha concluido, ahora se abrirá el
juicio oral contra los procesados. Ha llegado el momento, de que tanto el
Ministerio Fiscal como la acusación particular ejercida por Vox, presenten sus
acusaciones en los cinco días que tienen de plazo. Conviene recordar, que la
querella de Vox, acusaba al Gobierno de Cataluña y a los miembros
independentistas de la Mesa del Parlamento catalán de seis delitos:
desobediencia, prevaricación, malversación, usurpación de funciones, sedición y
conspiración para la rebelión. Delitos incontestables y claros todos ellos,
pero que el Gobierno de bastardos que tenemos, intenta con el mayor de los
descaros, que el Ministerio Público no acuse a los golpistas por delito de
rebelión, aduciendo una interpretación absurda del Código Penal.
Nunca se ha visto tan claro,
que la supervivencia de Pedro Sánchez en La Moncloa, reside en que los partidos
golpistas catalanes no se enfaden, por ello, él y su Gobierno, intentan por
todos los medios, que los líderes sediciosos sean condenados, pero con penas
suaves, y no tiene ningún tipo de empacho en acosar a los magistrados por
tierra, mar y aire. Nunca pensé que un Gobierno de España pudiese llegar a
estos niveles de indecencia.
