Mientras que el Tribunal Constitucional, presidido por el sectario, Cándido Conde-Pumpido, ha pisado el acelerador para validar algunas de las leyes más polémicas e ideológicas del Gobierno, la Comisión de Justicia europea marca muy de cerca la situación de este Tribunal renovado a la medida de Sánchez.
Hasta el comisario de Justicia de la Unión Europea le ha pedido a Felipe VI un cambio en el modelo para la elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial español, para que sean los jueces quienes elijan al nuevo CGPJ sin injerencias políticas y la vicepresidenta de la Comisión Europea, ha asegurado que siguen muy de cerca la actual situación de nuestro Tribunal Constitucional y su composición de cara al informe 2023 sobre el Estado de Derecho en España. La politización del Poder Judicial español resulta escandalosa en Europa.
Los nombramientos de dos exmiembros del Gobierno para el TC que está decidiendo sobre las cuestiones más controvertidas de la legislatura del Gobierno, están bajo la lupa de la Comisión de Justicia europea. La renovación del órgano de garantías, a la medida de Sánchez, junto con la reforma de la sedición, la rebaja de la malversación o el control de entidades como RTVE o el Tribunal de Cuentas, completan el abanico de incidencias que están en el radar fiscalizador de Bruselas sobre la calidad democrática de nuestro país, más allá de la prórroga del CGPJ en funciones recortadas.
Conde-Pumpido cumple al milímetro el plan de Sánchez tras controlar el TC gracias al colaboracionismo del PP, seis leyes ideológicas aprobadas en tres meses, leyes aprobadas con el apoyo de sus socios de Podemos, Esquerra (ERC) o Bildu.
El Tribunal Constitucional que preside Cándido Conde-Pumpido ha avalado definitivamente la Ley del aborto aprobada por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en el año 2010 y ha rechazado el recurso de inconstitucionalidad planteado por el PP 13 años después, decisión que sorprendentemente han aplaudido los de Feijóo y han aprovechado la coyuntura para declararse proabortistas convencidos.
Este Tribunal, más “Prostitucional” que Constitucional, consagra el aborto como un derecho de la mujer, siguiendo la línea marcada en la sentencia sobre la ley de la eutanasia y lo hace, excediendo claramente el alcance y los límites del control de constitucionalidad que corresponde al TC, viene a reconocer un nuevo derecho constitucional, que denomina «derecho de la mujer a la autodeterminación respecto de la interrupción del embarazo». Con ello, la sentencia se sitúa fuera de los márgenes del control de constitucionalidad que a este Tribunal corresponden, pues reconocer nuevos derechos fundamentales es una potestad del poder constituyente, no de los poderes constituidos y, por tanto, no lo es del Tribunal Constitucional.
Cándido Conde Pumpido y su “jefe” se están cargando la Constitución por la puerta de atrás aprovechando las oportunidades que siempre les ha dado el “blandito” Partido Popular.