El juez Llarena, la Fiscalía
General del Estado, y Vox, acusación particular, siempre han tenido muy clara
la acusación de rebelión contra los líderes golpistas encarcelados. Ahora, el
gobierno del “secuestrado Sánchez” obliga a la Abogacía del Estado a rebajar la
petición de pena a sedición, para así pagar su rescate a quienes con su voto le
dieron la presidencia del Gobierno.
La necesidad partidista del
Gobierno de demostrar a los partidos separatistas que está haciendo todo lo que
puede en este caso, rompe la unidad de actuación de las instituciones del
Estado encargadas de salvaguardar el interés público.
La Abogacía del Estado pedirá
la pena por sedición y por malversación, para posteriormente rebajar la de
sedición a desórdenes públicos o simple desobediencia, y por supuesto, que se
olvide la malversación. Estamos ante un claro caso de prevaricación de un
Gobierno, que está dispuesto a pagar el precio que sea con tal de mantenerse en
el poder, aunque sea, estando instalado en la permanente indignidad.
No recuerdo a ningún gobierno
de la democracia, que haya sido capaz de actuar con tan absoluta falta de
escrúpulos en lo relativo a los intereses nacionales y en el necesario respeto
al Estado de Derecho. Todo vale, para quien llegó a La Moncloa, legal pero
ilegítimamente, y se está dedicando, junto a comunistas, separatistas, y
proterroristas, a desmontar el Régimen del 78, es decir, nuestra democracia.
