Financiación ilegal del PP.

La
noticia de que el informe de la Unidad de Delitos Económicos y
Fiscales (UDEF) de la Policía, vincula las donaciones recibidas por
el Partido Popular con un mayor volumen de contratación de obra
pública desde administraciones gobernadas por el, es hoy tratado en
los medios como algo sobresaliente, algo que me parece sorprendente,
pues para mí ha sido siempre algo evidente que las grandes empresas
no le dan fondos a los partidos políticos sin contrataciones que les
supongan a dichas empresas multiplicar en beneficios la cuantía del
dinero donado.

Quedan
pocas dudas de que el PP le daba a ese dinero un tratamiento contable
encaminado a camuflar esas donaciones, transformándolas en múltiples
donativos anónimos de menor cantidad. Lo que los populares
desconocían, era que la policía cruzaría la contabilidad B de
Bárcenas, con los extractos bancarios del partido, con la
contabilidad A y con las adjudicaciones de las administraciones que
controlaban.

Los
papeles de Bárcenas siguen dando mucha cancha a los investigadores
policiales, y lo investigado ya da por hecho de que este caso no es
el de un gerente sin escrúpulos que distraía dinero de su empresa,
el PP, y el de unos políticos que a titulo individual recibían
cantidades de dinero negro.

Aquí
ya empieza a vislumbrarse un sólido caso de financiación ilegal de
un partido político, un sistema ilegal que fue ideado por el propio
partido y que fue llevado a la práctica durante años. El hecho de
que Bárcenas se llevara más de lo pactado con sus patrones pasa a
ser algo secundario. La parte mollar del asunto, es que empieza a
saberse que el PP tenía montado algo parecido a la Filesa del PSOE,
con la única diferencia de que aquí no hay informes ficticios de
por medio.

En
el citado informe, el marido de Mª Dolores de Cospedal, Ignacio
Javier López del Hierro, sale bastante mal parado, pues en las
cuentas de Bárcenas aparecen dos donaciones suyas, fechadas cuando
era consejero de dos grandes empresas vinculadas a la obra pública.

Confío
en que el juez Ruz consiga esclarecer este caso y los responsables de
los delitos cometidos hagan frente a sus responsabilidades.

No
soy como otros, que solo quieren que se haga justicia cuando los que
han vulnerado la ley son los que ellos consideran sus adversarios
políticos. En un Estado de Derecho, la ley es de obligado
cumplimiento para todos.