El Teniente General
Laurentino Ceña Coro, Director Adjunto y número dos de la Guardia Civil, que
posee una de las más brillantes Hojas de Servicio del Cuerpo, en una acción de
dignidad y honor, ha dimitido de sus cargos por estar en desacuerdo con las
medidas del Gobierno. La gota que ha colmado el vaso de su paciencia, ha sido el
ilegal y arbitrario cese del Coronel Pérez de los Cobos.

La jueza del Juzgado de
Instrucción nº 51 de Madrid, ordenó en su día a Pérez de los Cobos, en su
calidad de máximo mando de la Guardia Civil en Madrid, realizar un informe en
relación a la autorización que dio la Delegación del Gobierno para que se
desarrollara la manifestación feminista del 8-M. Desde el momento en que la
jueza hizo esta petición, la Guardia Civil de Madrid se convirtió en policía
judicial y solo tenía que informar a la jueza.

El Coronel Pérez de los
Cobos, cumpliendo con su obligación, con su deber, y con la legalidad, se negó
a informar al Gobierno del contenido del informe pese a que tres superiores le
presionaron, ya que de su lectura se deducía demoledoramente la culpabilidad de
miembros del Gobierno.

Tras la destitución de Pérez
de los Cobos, incluso la jueza le remitió un escrito al ministro Marlaska
amenazándole con abrir diligencias contra él. Tenemos un Gobierno instalado en
el delito.

La Guardia Civil es un cuerpo
militar y jerarquizado, cuando un puesto queda vacante, el siguiente del
escalafón lo ocupa. Pues bien, los tres siguientes, los Tenientes Generales, Fernando
Santafé Soler y Francisco Díaz Alcantud, así como el General de División del
Cuerpo Antonio Tocón, se han negado a ocupar el puesto, solidarizándose así con
el coronel cesado y con el director adjunto dimitido. Por ello, han nombrado a
un general que supuestamente tendrá que dar órdenes a sus superiores, algo
absurdo. El Gobierno y sus medios, seguro que nos ofrecerán otra versión bien
distinta.

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