Ayer, en el Parlamento de
Andalucía, se habló de la Administración paralela de la Junta, y se instó a la
presidenta a “seguir” reduciendo los entes satélites de la Junta de Andalucía,
indicando la oposición, que sí hay margen para hacer una reducción, eliminar
grasa y fortalecer músculo productivo para dar mejor servicio.
Mi conclusión es que
tienen poca idea de lo que está
pasando, pues en los últimos cuatro años (2012-2016) la Junta ha reducido 4.512
efectivos de la Administración General, con el objetivo de desmantelarla,
mientras que su administración paralela no ha dejado de crecer estos últimos
años con una clara intención clientelar y de que las potestades públicas pasen
a sus incondicionales, a quienes no les corresponden.
Los intentos por parte de
la Junta, de darle cobertura legal a esa legión de enchufados, casi 300
entidades entre casi 20 agencias, casi 200 entidades públicas, casi 30
fundaciones y casi 60 consorcios, que entre todas manejan un presupuesto de
12.000 millones de euros. Hablamos de que los enchufados son ya 120.000 de los
250.000 empleados públicos que tiene la Junta de Andalucía.
Mediante decretos y leyes,
la Junta pretende colar a los suyos por la puerta de atrás, sin haber realizado
una sola prueba de acceso a la Administración, lo que ha provocado, que desde
hace tiempo, los funcionarios de la Junta le hayan declarado la guerra a la
propia Junta, en la calle y en los juzgados.
Mientras que la Junta
elimina paulatinamente a su propio personal de la Administración General en
beneficio de la suya, mientras que perpetra esa sangría, CCOO y UGT callan,
hacen de cómplices necesarios para hacer posible que se perpetre tamaña
fechoría.
No hace falta que diga, que
sin esta tela de araña tejida por el PSOE en forma de administración paralela,
enchufando a familiares, socialistas varios y amiguetes, el PSOE hace ya tiempo
que habría sido desalojado del poder.
