Es conocido que desde que Pedro Sánchez llegó al poder se dedicó a multiplicar el número de altos cargos, sin duda, favorecido por el incremento de carteras ministeriales que llevó a cabo para meter a los suyos en el Consejo de Ministros y así contrarrestar a los podemitas que también desembarcaron. Es de cajón, a más ministerios, más altos cargos, y a más altos cargos, más asesores elegidos a dedo, más personal de confianza.
Estando en la peor crisis que hemos conocido, resulta obsceno el nivel de enchufismo al que ha llegado este desgobierno, Sánchez bate así un nuevo récord en el gasto del personal contratado a dedo. El Gobierno tiene 1.200 asesores contratados a dedo, de ellos, un 43% (532) corresponden a Presidencia del Gobierno, la mayor cifra de la democracia. Hablamos de personal de confianza que los altos cargos eligen sin criterios profesionales o académicos y sin tener en cuenta mérito alguno, salvo la relación personal o con el partido en muchos casos. Un tercio de los contratados a las órdenes directas de Sánchez sólo tiene el graduado escolar o el certificado de escolaridad, algo vergonzoso, pero que hace sospechar a qué “actividades” se pueden dedicar.
A las cifras mencionadas hay que sumar los 376 asesores con que cuentan los 350 diputados y los órganos representativos del Congreso de los Diputados, así como los 75 que acumula el Senado y la decena del Tribunal Constitucional. A nivel nacional, incluyendo las autonomías, diputaciones, ayuntamientos y todo el aparato de organismos y entes de que disponen, la suma supera creces los 20.000 asesores. Hemos consentido una red parasitaria indecente.
Cuando la razón llamaría a adelgazar las estructuras políticas y administrativas improductivas, hacen lo contrario y lo pagamos nosotros.