Las políticas de Pedro Sánchez han incrementado el paro, la desigualdad entre españoles y la inseguridad en nuestros barrios. Además, Sánchez ha socavado la separación de poderes y ha convertido en sus socios preferentes a los golpistas y filoetarras.

Son muchas las razones para impulsar una moción de censura ya. España no puede aguantar más. Por ello, Vox, va a presentar la moción de censura el próximo 27 de febrero, con el profesor y economista Ramón Tamames como candidato a la presidencia del Gobierno.

Ramón Tamames es un economista de prestigio con una brillante trayectoria profesional y con experiencia política. Militó en el Partido Comunista de España (PCE) así como en el CDS y fue primer teniente alcalde del Ayuntamiento de Madrid. Este brillante político pertenece a “una generación formidable de españoles que entendió que reavivar viejos odios no conducía a nada”. Por ello, es un candidato ideal para aglutinar a todo aquel que, sean cuales sean sus convicciones, esté dispuesto a hacer frente común para terminar con un Gobierno que trabaja en contra del interés general de los españoles.

El economista Ramón Tamames va a encabezar la moción de censura impulsada por VOX contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, un instrumento constitucional con el que trata de frenar la acción del Ejecutivo contra el interés general de los españoles. Hoy, España está más indefensa, y los españoles están más arruinados y más inseguros en sus barrios.

Hay miles de razones de peso para echar a Sánchez del poder. Pedro Sánchez llegó a La Moncloa mintiendo a los españoles al asegurar que nunca iba a pactar con Podemos ni con los separatistas y filoetarras. Hoy, Podemos sigue formando parte del Ejecutivo y los separatistas y filoetarras son sus principales socios y aliados, los partidos antiespañoles rigen hoy el destino de España.

Los golpistas del 1-O fueron indultados y ya sólo quedan siete etarras fuera de las cárceles del País Vasco y Navarra. El 96% de los 178 presos de la banda terrorista ETA han sido acercados a estas dos regiones, pese que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, afirmó en 2018 que los acercamientos “serían puntuales” y con “presos sin delitos de sangre”.

Sánchez, en su obsesión por controlar todas las instituciones del Estado, ha dado distintitos pasos para acabar con los últimos vestigios de la separación de poderes en España. Ya controla el Tribunal Constitucional tras la designación del exministro Juan Carlos Campo y la exalto cargo de Moncloa Laura Díez. El presidente del máximo intérprete de la Constitución es Cándido Conde-Pumpido, fiscal general del Estado en la época de José Luis Rodríguez Zapatero. La nueva mayoría –autodenominada progresista, aunque yo la denominaría destructora– del TC ya ha validado la ley de plazos del aborto, y pretende validar la de la eutanasia y otras leyes ideológicas de Sánchez.

En la línea del asalto a la Justicia, el Gobierno derogó el delito de sedición “para inmunizar al separatismo” y dejar al Estado sin respuesta ante eventuales ataques a la unidad de la nación. También –para salvar a sus detestables socios– limitó el delito de malversación a los supuestos en los que existe una “apropiación” personal de dinero público.

El Tribunal Constitucional resolvió que los dos estados de alarma y el cierre del Congreso de los Diputados declarados por el Gobierno fueron ilegales, una decisión que en otro país habría conllevado la dimisión del Ejecutivo. En España se pasó de un estado de excepción encubierto a un estado de alarma con pretensiones de perpetuidad que restringió los derechos y las libertades de los españoles.

El número de delincuentes sexuales que se han visto beneficiados por la ley del “sólo sí es sí” aprobada por el Ejecutivo de Pedro Sánchez e Irene Montero asciende a más de 540 entre revisiones de condena a la baja y sentencias posteriores en aplicación de la norma. Desde el mes de octubre, cuando entró en vigor la reforma, se ha ordenado la excarcelación de casi 50 delincuentes sexuales. Pese a que el PSOE quiere ahora reformar la norma los efectos, a día de hoy, ya son irreversibles.

La aplicación de políticas en consonancia con la Agenda 2030, que busca la destrucción de las clases medias y la liquidación de la soberanía de las naciones, ha provocado el cierre de la industria en España. Las exigencias de la “religión climática”, los impuestos abusivos y la “competencia desleal” generada por empresas que producen con mano de obra esclava provoca que los productores españoles no puedan competir en igualdad de condiciones.

España cuenta con una tasa de paro del 13,1%, la mayor tasa de toda la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y prácticamente el doble que la media de los países de la eurozona. Además, tiene la mayor tasa de paro entre los jóvenes, con casi tres de cada diez menores de 25 años –29,6%– desempleados. A la vez, el Ejecutivo ha empobrecido más a la familia españolas, la inflación ha acabado con los ahorros, y se han disparado los precios de los bienes de primera necesidad y los suministros.

España cuenta con un sistema fiscal confiscatorio que lleva a que los trabajadores dediquen la mitad del año a trabajar para pagar impuestos. Así, España fue el tercer país de la OCDE donde más creció la presión fiscal en los últimos diez años. A la vez, se aplica los tipos impositivos más altos del mundo en sucesiones, donaciones y patrimonio.

Mientras, los Presupuestos de 2023 expanden el gasto y asfixian a las familias para mantener los caprichos ideológicos del Gobierno. En este sentido, se presupuestó casi 25 millones para aplicar la Agenda 2030; más de 7,48 millones para la dirección general de derechos de los animales; o 573 millones para el Ministerio de Igualdad.

La inseguridad en los barrios, especialmente en los más desfavorecidos y humildes, se ha acentuado con Pedro Sánchez en La Moncloa. Las familias no están seguras en las calles y se han multiplicado las tasas de delincuencia a la vez que se ha alentado el “efecto llamada” migratorio. Casi 225.000 ilegales han llegado a España desde que el PSOE volvió al poder en 2018.

El Gobierno ha impulsado leyes ideológicas como la de la eutanasia o el aborto, que acaba con el periodo de reflexión de la madre e impulsa un registro de médicos objetores de conciencia; la ley trans, que permite que cualquier persona pueda cambiar de sexo en el registro civil sin necesidad de presentar informes médicos o psicológicos; o la nueva ley de memoria democrática, que impone una falsa verdad oficial sobre la historia de España. A la vez, se adoctrina en los colegios a espaldas de los padres y se ha terminado con la educación como ascensor social.

Si para el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, estos no son motivos suficientes para apoyar esta Moción de Censura, su partido tiene un problema. La excusa que dan de que no la apoyan porque no puede salir adelante, es estúpida, pues el PP a lo largo de su historia ha apoyado mociones de censura sin posibilidades de seguir adelante. Además, la prueba del algodón, siguiendo este su razonamiento, ¿porque lleva el PP presentando durante tres años iniciativas parlamentarios teniendo la certeza de que van a ser tumbadas?

Esta Moción de Censura va a aclararle muchas cosas a todos esos españoles que no son de izquierdas ni separatistas. Si al final, el partido del socialdemócrata Feijóo, el del socialista Sánchez, los comunistas podemitas, los separatistas y los proetarras, se unen para votar contra la moción de Vox, quedará claro que en España solo hay dos bloques, Vox o los demás.