El Ministerio de Hacienda,
ha publicado la ejecución presupuestaria del año 2015. En ese informe podemos
ver de manera clara, que la diferencia entre lo que ingresan y lo que gastan
las CCAA volvió a agrandarse el pasado año, con las excepciones de Galicia, Canarias
y el País Vasco. Cataluña es la líder absoluta de gasto y de déficit, y como
consecuencia de ello, de deuda.
Si se analizan las cuentas
de las quince CCAA incumplidoras, se ve claramente que aprobaron unos
presupuestos irreales, maquillando premeditadamente los datos, inflando los
ingresos, y con partidas de gastos infradotadas, muy por debajo de lo que luego
se gastó en realidad. El aumento de los costes de personal y el gasto
corriente, hicieron el resto para que se desbocara el déficit.
Pero lo más sangrante es,
que tras el recorte que se realizó entre 2010 y 2012 en gastos de personal
forzado por la crisis económica, el gasto en sueldos vuelve a desbocarse, 2015 fue un año electoral y las contrataciones
se dispararon.
Lejos de frenar esta
escalada, las CCAA han previsto seguir engordando sus plantillas durante 2016.
Evidentemente, los partidos políticos que ostentan el poder en las distintas
CCAA, lo utilizan para enchufar a familiares, amigos y compañeros de partido a
los que hay que agradecer los servicios prestados para conseguir ese poder que
disfrutan.
El Estado autonómico se ha
convertido en el chiringuito particular de los partidos políticos y su nido de
corrupción, una organización territorial que nos dimos en la Transición y que ha
significado una gran ruina para este país.
Pienso que la ciudadanía
debería ejercer presión para que se realizara un referéndum donde los
ciudadanos decidiéramos si queremos seguir manteniendo esta organización
territorial tan enorme y tan costosa, o si por el contrario, queremos un Estado
descentralizado en lo administrativo y centralizado en lo político, mucho más
barato, operativo e igualitario para los ciudadanos en lo referente a la
percepción de servicios básicos de igual calidad para todos.
Esto que propongo, contaría
sin duda, con la
dura oposición de la clase política, pues de ponerse en marcha este cambio, la
mayoría de ellos engrosarían las listas del paro, algo a lo que se han hecho
merecedores con creces.
