La comisión de
investigación por el fraude de la formación, por lo menos ha servido para algo,
ha servido para que los andaluces nos enteremos que el Fondo Social Europeo
suspendió el pago a Andalucía desde 2014 por las irregularidades detectadas,
algo que nos ha ocultado premeditadamente el gobierno de Susana Díaz a todos
los andaluces.
El Fondo Social Europeo le
cerró el grifo a Andalucía como consecuencia de las informaciones que les
llegaban referentes a que 18 juzgados andaluces estaban investigando el asunto.
No hay que ser demasiado inteligente para imaginar lo que pensaran en Bruselas,
de Andalucía, de sus gobernantes y de quienes votan a esos gobernantes.
Aquí ya no hablamos de mala
gestión, hablamos más bien de gestión delictiva, llevada a cabo por la Junta de
Andalucía. Un proceder que nos está haciendo perder a los andaluces unos fondos
muy necesarios para nuestra tierra. La Consejería de Economía y Comercio se ha
negado a dar la fecha exacta en la que se bloquearon los pagos y a cuanto
asciende la cifra de fondos perdidos.
La Comisión Europea
establece en sus normas de funcionamiento, que cuando en un país miembro se
detectan irregularidades que superen al 2% de las subvenciones, su tope fijado,
se suspenden los pagos. Teniendo en cuenta que en Andalucía esas
irregularidades quintuplican ese tope, ya que superan el 10%, lo tenemos claro.
Por muy triste que sea, los
andaluces tenemos que reconocer que estamos en el furgón de cola de las
regiones de Europa por méritos propios.
