Tengo que mostrar mi
perplejidad por lo ocurrido con el consejero de Justicia andaluz, Emilio de
Llera. Quien ha sido reprobado por el Parlamento de Andalucía por poner en
cuestión la independencia judicial.
Y digo que estoy perplejo,
porque aunque De Llera sea un independiente en un gobierno socialista, y ese
gobierno esté en minoría, su presidenta, Susana Díaz, en este caso no ha hecho
ni siquiera el intento de salvarle evitando que se produzca su reprobación.
Para una vez que un
“ministrillo autonómico” hace una afirmación que refleja exactamente lo que
pasa con la Justicia, que no es independiente, algo que todos sabemos, su
partido, uno de los grandes responsables de que la Justicia dependa del poder
político, reacciona dándole la espalda, pues evidentemente, defenderle
significaría reconocer la culpabilidad histórica del propio PSOE.
Se ha formado un gran
revuelo en las cavernas partitocraticas, pues no se entiende que uno de los
suyos, por muy independiente que sea, afirme que la Justicia esté bajo mínimos,
que los jueces y los fiscales están politizados y que muchos no son
independientes.
Viendo la realidad de la
actual política española y toda la corrupción que ha salido, sale y está por
salir, entenderemos que para que haya sido posible el monumental saqueo de las
arcas públicas registrado en el último cuarto de siglo, era imprescindible que
el poder judicial estuviera en constante postura genuflexa ante el poder
ejecutivo, y no solo ante este, pues ha existido un auténtico pacto entre los
viejos partidos para que todos pudieran seguir “robando” en función de las cotas
de poder que ostentaban en las distintas administraciones.
Es de cajón, mientras los
miembros del Poder Judicial y de los Altos Tribunales sigan siendo nombrados
por los partidos políticos, rara vez alguno de ellos morderá la mano de quien
le colocó en el sillón y decidirá si sigue en él.
Sin independencia judicial,
nuestra democracia padecerá de raquitismo crónico.
