El Gobierno pretende abrir expedientes a los organizadores de los actos del 20 de noviembre en homenaje a José Antonio Primo de Rivera y a Francisco Franco, y hasta a las personas que asistieron, para lo cual ha solicitado a todas las delegaciones del gobierno vídeos, atestados y pruebas para imponer sanciones que podrían llegar hasta los 150.000 euros.
El Artículo 62 de esa ley dice que entre las infracciones muy graves están «Las convocatorias de actos, campañas de divulgación o publicidad que por cualquier medio de comunicación pública, en forma escrita o verbal, en sus elementos sonoros o en sus imágenes, inciten a la exaltación personal o colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra o de la Dictadura, de sus dirigentes, participantes en el sistema represivo o de las organizaciones que sustentaron al régimen dictatorial, cuando entrañe descrédito, menosprecio o humillación de las víctimas o de sus familiares». Por ello, por el mero hecho de gritar un «Viva Franco» o ensalzar a su régimen no sería motivo de sanción conforme a lo que señala la ley. Curiosamente, este dato lo omiten los medios. Mayor injusticia aún sería utilizar esa ley para sancionar homenajes al fundador de Falange Española, ya que José Antonio Primo de Rivera fue fusilado por el bando republicano sin que hubiese tomado parte en la sublevación del 18 de julio, ya que por entonces ya estaba en prisión. Jurídicamente es una víctima más de la Guerra Civil, como el propio gobierno de Sánchez reconoció en 2019.
La rapidez con la que el gobierno ha anunciado estas sanciones contrasta con su pasividad ante actos de ensalzamiento a criminales y asesinos como los terroristas etarras o el genocida soviético Stalin, unos hechos ante los que el gobierno guarda un silencio casi absoluto. El año pasado hubo 292 homenajes a etarras y en 2022 ya van más de 340, sin que el gobierno haya ordenado sanción alguna contra sus convocantes. El Gobierno alega que es «muy difícil» sancionar esos homenajes y yo añado “porque al gobierno no le ha dado la gana de aprobar ninguna ley para sancionarlos, para no poner en riesgo sus pactos con los proetarras”. De hecho, recordemos que la Ley de Memoria Democrática fue pactada por el gobierno con los herederos de ETA, lo que permitió a éstos establecer cómo debía reescribirse la historia de España, qué debía ser sancionado y qué no.
Tampoco podemos olvidar las marchas estalinistas que aprobó el Gobierno en la primavera de 2021 en Madrid donde se exhibieron retratos de Lenin y Stalin, dos criminales de masas cuyas víctimas se cuentan por millones. Estamos hablando de dictaduras mil veces peores que la de Franco, pero el gobierno hace la vista gorda porque eran dictaduras comunistas, la misma ideología totalitaria que defienden sus socios de Podemos.
No podemos olvidar que, en septiembre de 2019, el Parlamento Europeo condenó los crímenes del comunismo y del nazismo, recordando que «los regímenes nazi y comunista cometieron asesinatos en masa, genocidios y deportaciones y fueron los causantes de una pérdida de vidas humanas y de libertad en el siglo XX a una escala hasta entonces nunca vista en la historia de la humanidad». Pero quienes componen el Gobierno de España, socialistas y comunistas, se negaron a condenar esos crímenes en sede parlamentaria.