Ahora
resulta, que la Empresa Pública del Suelo (EPSA), dependiente de la
Consejería de la Vivienda de la Junta de Andalucía, ha sido
denunciada por prevaricación y por usurpación de funciones
públicas. La Fiscalía Superior de Andalucía está estudiando si
los desahucios de la Junta de Andalucía, en viviendas públicas, son
ilegales.
La
responsable de esa presunta actividad ilegal, es curiosamente, la
lenguaraz consejera comunista Elena Cortés, quien día sí y otro
también, sigue sorprendiéndonos con propuestas que no hay por donde
cogerlas, por absurdas y en muchos casos ilegales. La última, la de
crear una Banca Pública e incluso la de aplicar una “quita”
generalizada sobre las hipotecas que tienen suscritas los ciudadanos.
Es decir, sanear las entidades bancarias españolas ha costado al
Estado el 3,3% del PIB, y el proceso aún no se ha completado, y
ahora pretende esta consejera colapsar económicamente a los bancos
con esta medida, o bien, colapsarnos económicamente a los ciudadanos
subiéndonos los impuestos para pagar su ocurrencia. Lo de crear una
Banca Pública debe de ser que, ya que han arruinado las cajas,
necesitan otra entidad que saquear formando parte de su futuro
consejo de administración.
La
denuncia está perfectamente documentada y expone que EPSA es el ente
instrumental de la Junta de Andalucía que tramita los desahucios en
las viviendas públicas, a pesar de que carece de las competencias
legales para hacerlo, eso solo pueden hacerlo funcionarios
habilitados para ello.
Los
que, solo en teoría, enarbolan la bandera de las políticas nuevas a
favor de las familias que están sufriendo los desahucios, resulta
que llevan 27 años desahuciando de forma presuntamente ilegal, según
se desprende de la denuncia interpuesta. EPSA es una Agencia Pública
Empresarial y no forma parte de la Administración Pública, ademas,
sus empleados son laborales, y por lo tanto, no pueden instruir
procedimientos administrativos, como es el desahucio. Sin la
presencia de un funcionario se desvanece el principio de
imparcialidad y objetividad en la Administración pública.
Si
la denuncia prospera ¿que consecuencias podría tener para todas las
familias desahuciadas ilegalmente durante esos 27 años? De entrada
podrían instalarlos en los cerca de 5.000 pisos que EPSA tiene
vacíos, y su consejera, Elena Cortés (IU), mantiene ocultos a la
opinión pública, y posteriormente reparar los perjuicios causados a
tantas familias andaluzas.
Queda
claro, que es muy fácil hacer demagogia populista desde el poder,
con declaraciones y propuestas dirigidas a los que peor lo están
pasando y que, suenan bien en los oídos de personas tan desesperadas
que necesitan aferrarse a algo. El bipartito social-comunista andaluz
con su actitud comete una gran irresponsabilidad.