Llegó otro verano y con él
los temidos incendios de nuestros montes, ahora mismo en Canarias uno de ellos
está poniendo en jaque el Patrimonio Mundial de la UNESCO, de él casi mil
hectáreas ya se han quemado.
Teniendo en cuenta que la
mayoría de los incendios son provocados, se hace imprescindible reformar el
Código Penal para incluir penas de prisión elevadas, incluso la cadena
perpetua, para los pirómanos y para quienes se benefician de la gran tragedia
que supone cada incendio.
La actual Ley de Montes,
permite excepcionalmente la recalificación, ya que al final, las
administraciones competentes la terminan autorizando, por ello, debe estar prohibido,
sin posibilidad de excepción, que los terrenos declarados montes que hayan
ardido, bajo ningún concepto puedan ser recalificados, y por supuesto, prohibir
la venta de la madera proveniente de un monte quemado.
La única manera de prevenir
los incendios forestales es mediante la necesaria limpieza de los montes,
especialmente de los cortafuegos, y por supuesto, además de torres y satélites,
contar con una plantilla suficiente de agentes forestales permanentes en
nuestros montes, y por supuesto también, tras cada incendio, la reforestación
debe hacerse de manera obligatoria con especies autóctonas.
En la coordinación de toma de
medidas en la extinción de cualquier incendio, se crean situaciones absurdas
por las políticas transferidas a las CCAA. Se hace imprescindible recentralizar
las competencias, en la gestión y políticas, de los montes y los Parques
Nacionales.
Soy un lego en materia
forestal, pero con mi larga experiencia como senderista, he llegado considero,
a estas razonables conclusiones. El problema reside, en que lo mismo, quienes
pueden solucionarlo, por espurios motivos, no lo hacen.
