El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno Bonilla (PP), ha colocado al frente de la Secretaría de Vivienda del PP en Andalucía a Mari Paz Fernández Lobato, alcaldesa de Ronda, quien cuenta con un currículum en esa materia que la desacredita por completo.
Esta señora lleva tres lustros al frente de ese ayuntamiento y en ese tiempo no ha promovido ni una sola vivienda de protección oficial, ni en régimen social ni mediante fórmulas de autoconstrucción. Todo ello, recordemos, en un contexto de creciente dificultad de acceso a la vivienda, especialmente entre jóvenes y familias con menos recursos.
La elección de una dirigente sin trayectoria alguna en políticas de vivienda pública refuerza la idea de que esta secretaría tiene un papel irrelevante dentro del proyecto del PP andaluz a la vez que lanza el claro mensaje de que la vivienda protegida no figura entre las prioridades reales del Ejecutivo que lidera Juanma Moreno Bonilla desde el Palacio de San Telmo.
El nombramiento también tiene una evidente dimensión política interna. Fernández Lobato se encuentra imputada en el denominado caso Soliarsa, relativo a la gestión de la empresa municipal de limpieza. En ese procedimiento, la Fiscalía solicita cinco años de prisión, ocho de inhabilitación y la devolución de 42.000 euros al Ayuntamiento, al apreciar posibles delitos de prevaricación, malversación y fraude cometidos durante sus mandatos. En este contexto, la nueva responsabilidad orgánica funciona como un balón de oxígeno político para la alcaldesa, permitiéndole proyectar la imagen de que sigue contando con el respaldo de la cúpula autonómica del partido pese a su situación judicial.
Con este nombramiento, Moreno Bonilla, copia el tan criticado comportamiento de los socialistas, ese de promocionar internamente a personas sin balance positivo alguno de gestión y en este caso, con graves causas judiciales pendientes. Otro ejemplo de ese bipartidismo que apesta.
Es nauseabundo, por decirlo en español, y sin pelos en la lengua