Creo que ya es hora de que los que nunca nos hemos escondido y hemos hablado claro desde nuestros artículos de opinión sobre la realidad de nuestra Nación describamos la situación política, económica y social de España como inmersa en un proceso de progresiva e imparable decadencia provocado por la izquierda, el separatismo y las élites europeas. Se hace imprescindible concienciar a los españoles de que hay que reconstruir y levantar todo lo que la jauría antiespañola ha destruido. Más que de convencer, que también, se trata de que esos españoles que piensan como nosotros sientan que no están solos.
España vive una crisis política muy grave, derivada de gobiernos “ilegítimos” moralmente sustentados en pactos con separatistas y con la extrema izquierda. El balance de los últimos años es una interminable sucesión de cesiones a partidos nacionalistas catalanes y vascos, amnistías injustificables y reformas legales hechas “a la carta” para proteger a políticos “cómplices”. Estas decisiones han supuesto una erosión sistemática del Estado de derecho y de la igualdad ante la ley, porque transmiten que el poder político puede alterar normas penales y constitucionales en función de intereses de partido. El Parlamento se ha convertido en un espacio dominado por el intercambio de favores y la fragmentación, donde los grandes partidos tradicionales han renunciado a defender principios firmes y donde solo VOX es la única alternativa de ruptura con esa dinámica. Desde que Sánchez está en el poder, a todo eso se ha unido la corrupción más absoluta.
La soberanía nacional está comprometida por el peso de Bruselas y por la influencia de organismos internacionales que condicionan políticas migratorias, energéticas y presupuestarias. La Unión Europea es culpable de fomentar dañinas agendas ideológicas, el multiculturalismo o determinadas políticas de género, todas ellas ajenas a los intereses reales de los españoles. Por ello, España debe recuperar competencias y capacidad de decisión, con menos dependencia normativa de instituciones europeas y mayor poder para el Gobierno español para fijar sus propias reglas en fronteras, energía o fiscalidad. O damos la batalla por nuestra soberanía e identidad nacional y la ganamos, o iremos de mal en peor.
Otro de nuestros grandes problemas es el garrafal error que se cometió en la Transición fue la organización territorial que nos dimos, pues las CCAA han generado desigualdades territoriales, duplicidades administrativas y un poder regional que cuestiona la unidad de España. Este modelo favorece chantajes de gobiernos autonómicos y multiplica el gasto político improductivo, mientras debilita la autoridad del Estado central. La existencia de diferentes normas lingüísticas, educativas o fiscales según la comunidad rompe la cohesión nacional. Por ello, se hace imprescindible avanzar hacia una recentralización con supresión o reducción drástica de autonomías, unificando competencias clave en educación, sanidad, seguridad y fiscalidad bajo el Gobierno central, lo que garantizaría igualdad real entre españoles y mayor eficacia institucional.
Nuestro actual clima político está dominado por la censura y la demonización del disidente. Hay que acabar de una puñetera vez con el “pensamiento único progresista”, ese que domina en la actualidad los medios de comunicación, universidades y parte del poder judicial, y que señala como “ultraderecha” cualquier oposición al consenso multicultural, feminista o europeísta.
Mientras esto sucede, millones de españoles sienten que sus preocupaciones sobre inseguridad, inmigración, pérdida de tradición o presión fiscal son ridiculizadas en los grandes medios, por ello, VOX es más un movimiento de resistencia cultural y política que un partido convencional.
España es un país empobrecido por políticas socialistas y por un modelo que mezcla altos impuestos, burocracia excesiva y gasto público mal dirigido. La presión fiscal sobre las clases medias y pequeños empresarios, sobre todo, se ha convertido en un lastre para la inversión, la creación de empleo y el ahorro familiar. El Gobierno utiliza la retórica de la justicia social para justificar más impuestos y más normativa, pero realmente protege a grandes corporaciones y castiga a autónomos, pymes y trabajadores productivos. Solo tenemos que fijarnos en la cesta de la compra, la dificultad de los jóvenes para emanciparse, y la sensación generalizada de que trabajar más no garantiza vivir mejor.
España vive de la financiación europea y de una deuda creciente que compromete el futuro de las próximas generaciones. Esta deuda se utiliza para mantener chiringuitos ideológicos, estructuras políticas redundantes (como la proliferación de consejerías y direcciones generales) y subvenciones destinadas a colectivos afines al Gobierno. Por todo ello, se hace necesario un programa de ajuste centrado en recortar gasto político y burocrático, eliminar organismos prescindibles, y redirigir recursos a infraestructuras útiles, seguridad y servicios básicos. En la gestión de fondos públicos hay que exigir transparencia y auditorías, con especial atención a programas vinculados a la agenda climática o de igualdad, que solo son plataformas de colocación política.
El modelo productivo español ha perdido competitividad por poner trabas ideológicas a sectores como la industria, el campo, la pesca o la energía tradicional. Las restricciones medioambientales encarecen la producción y obligan a cerrar explotaciones agrícolas o ganaderas, así como el impulso acelerado de la transición energética sin alternativas fiables. Esta política ha encarecido la energía, debilitado la soberanía energética y hecho más vulnerable a las empresas españolas frente a competidores de países con regulaciones menos exigentes. Tenemos que apostar por todas las fuentes de energía disponibles, incluyendo nuclear y fósiles, con el objetivo de abaratar la luz y el transporte, y fortalecer la industria nacional. Asimismo, se hace imprescindible reducir trabas administrativas para la apertura de negocios y más protección frente a la competencia desleal exterior.
Y qué decir de nuestro mercado laboral, que sigue siendo rígido y hostil para el empleo estable. La combinación de regulaciones laborales, costes sociales y una negociación colectiva que favorece a grandes sindicatos y deja fuera a muchos trabajadores y pequeños empresarios, tiene gran parte de culpa. Es necesaria una reforma laboral que flexibilice contratación y despido, reduzca cotizaciones sociales y premie la creación de puestos de trabajo de calidad en el sector privado. Solo un tejido empresarial dinámico, liberado de cargas fiscales y normativas, puede ofrecer sueldos más altos y oportunidades para jóvenes y familias. Frente a la ampliación de subsidios, hay que poner el foco en el empleo real como principal política social.
En el plano social, España está profundamente dividida y sometida a una transformación cultural impuesta desde arriba. El multiculturalismo y la inmigración descontrolada tienen mucha culpa de ello. Las políticas de fronteras abiertas y de acogida sin exigencias claras de integración han provocado problemas crecientes de inseguridad, tensión en barrios populares y sobrecarga de servicios sociales. La gestión de los flujos migratorios es irresponsable. La política de inmigración debe basarse en la defensa de las fronteras, la expulsión de quienes delinquen y la prioridad absoluta de los nacionales en el acceso a prestaciones, es decir, sentido común y defensa de los españoles más vulnerables.
Las políticas de igualdad de género y diversidad son simples instrumentos de división y control ideológico. Las leyes que establecen diferencias penales según el sexo del agresor, así como los programas educativos adoctrinadores sobre identidad de género que confunden a los menores y sustituyen la autoridad de las familias, deben ser abolidas y sustituidos. La proliferación de campañas y observatorios de igualdad son un claro “negocio ideológico” que vive de fondos públicos y que señala como machistas u homófobos a quienes discrepan. Hay que apostar por leyes que protejan a todas las víctimas sin discriminación, por un modelo educativo donde los padres tengan más capacidad de decisión sobre contenidos sensibles y por el reconocimiento de la familia tradicional como núcleo central de la sociedad.
Y qué decir de la pérdida de raíces culturales y religiosas. Hay que reivindicar la tradición cristiana, la historia común y los símbolos nacionales como elementos que dan cohesión y sentido a la comunidad. El avance de un laicismo militante y de una cultura que ridiculiza lo español ha debilitado el orgullo nacional y la transmisión de valores. En educación, existe una ausencia de una narrativa positiva sobre la historia de España y el protagonismo de discursos que se centran en culpabilizar el pasado. Hay que fortalecer el estudio de la historia y la cultura nacional, proteger festividades y símbolos, y apoyar el papel de la familia y, en su caso, de la religión como espacios de educación moral. Frente al relativismo y el desarraigo se hace imprescindible la “reconquista cultural”.
El malestar social creciente es innegable, la subida de precios, la inseguridad en los barrios, la precariedad laboral y la sensación de perder su modo de vida no se sienten escuchadas. Existe una clara brecha entre las élites políticas y la población.
“La España real”, la de los agricultores, autónomos, policías, madres y padres preocupados por el futuro de sus hijos necesitan, ansían un proyecto de orden, estabilidad y orgullo nacional que devuelva la esperanza y la confianza en el futuro a la sociedad española. Ahora mismo, ese proyecto solo lo representa VOX.
Debe haber algo bueno que una todos los españoles, a pesar de lo que se dice aquí