A mediados de agosto, se
produjo en el sevillano Hospital de Valme, una tragedia, pues Rocío Cortés, una
joven de 25 años que acababa de dar a luz a su tercer hijo por cesárea, perdió
la vida cuando la trasladaban en camilla a su habitación. El celador la estaba
introduciendo encamada en la cabina del ascensor, cuando con las puertas
abiertas, el ascensor se puso en marcha y se elevó a gran velocidad. A Rocío,
se le quedó la cabeza fuera, y acabó impactando contra el techo, falleciendo en
el acto.
Pues bien, la titular del
Juzgado nº1 de Sevilla, ha ordenado a la Policía Científica, que investigue
quien ha sido el responsable del borrado de la información que debería contener
la CPU del elevador, pues los peritos que hicieron el informe del estudio
posterior, detectaron que la información relativa al día del accidente había
sido borrada, pues el equipo disponía de una batería auxiliar que garantizaba
que aunque se suspendiera el suministro eléctrico, la memoria continuaba
recibiendo y grabando información.
En este hospital público, la
idea tras el accidente, era la de siempre, culpar al más débil, al ascensorista
de la empresa de mantenimiento que trabajó ese día, pero las perversas
intenciones de la Junta de Andalucía y empresas implicadas se están complicando
tras lo descubierto. Resulta poco probable que un técnico por su cuenta se
atreva a borrar una información sabiendo que va a dejar rastro.
Detrás de todo está, como es
lógico, la depuración de responsabilidades y la subsiguiente indemnización a
pagar a la familia. Si de entrada se ha producido, un acto delictivo y hasta
criminal, borrando una información tan sensible, debemos exigir una
investigación que llegue a buen término, depure responsabilidades, encuentre y
castigue a los responsables de la muerte de Rocío, y por supuesto, aclare la
demostrada manipulación de pruebas.
