Este pasado lunes, la Policía amenazó con multar a un grupo de católicos por rezar en las escaleras de una iglesia ubicada en la calle Ferraz, la Parroquia del Inmaculado Corazón de María.  El delegado del Gobierno en Madrid, el socialista Francisco Martín Aguirre, abusando del poder que tiene, dio órdenes claramente ilegales a la Policía, ya que vulneran el Artículo 16 de la Constitución, que dice que «todos tenemos derecho a la libertad ideológica y religiosa y a manifestarla públicamente como nos parezca oportuno». Los únicos antecedentes históricos similares a lo ocurrido este lunes tuvieron lugar durante la II República, cuando los camaradas de quienes ahora nos mal gobiernan, empezaron por llevar a cabo acciones parecidas a estas y terminaron incendiando iglesias, violando monjas y torturando y asesinando a religiosos.

Actuar contra un grupo pacífico de ciudadanos que llevan días rezando por España sin molestar a nadie, y todo ello después del anuncio de Sánchez de una amnistía para delincuentes separatistas violentos, incluso procesados por terrorismo, es aberrante.

El abuso perpetrado por el gobierno ha tenido el efecto contrario al que buscaban los socialistas, pues como protesta ayer se congregó allí una multitud, incluyendo muchas personas que habían ido a rezar, desafiando la prohibición antidemocrática dictada por el delegado del Gobierno. Relativamente cerca de ellos, la Policía Nacional se había desplegado, como ya es habitual, para impedir a la gente acercarse a la sede del PSOE.

Los que ayer se reunieron ante la Parroquia del Inmaculado Corazón de María, lo hicieron como protesta al ataque a la libertad religiosa ordenado por el gobierno, rezando y entonando cantos religiosos, transmitiendo un mensaje claro al gobierno y a todos aquellos que no se quieren enterar, rezar no es delito en los países libres.

Incluso el infame delegado del Gobierno en Madrid se atrevió a ordenar a la policía, identificar y sancionar, al organizador de este acto de oración. Resulta increíble que hechos como este puedan ocurrir en una sociedad supuestamente democrática y en el siglo XXI.

La Fundación Española de Abogados Cristianos, ya ha denunciado al delegado del gobierno, señalando que Francisco Martín «podría estar incurriendo en un delito de abuso de autoridad y prevaricación». Así mismo, Abogados Cristianos no ha descartado emprender acciones legales contra la Policía y ha anunciado que representarán a todo aquel que por el simple hecho de rezar sea detenido o sancionado, y se harán cargo del pago de las sanciones. La asociación HazteOir.org ha lanzado una recogida de firmas dirigida a la Fiscalía en la que pide investigar «la presunta prevaricación del delegado del Gobierno en Madrid que supone un gravísimo ataque a la libertad religiosa».

El mismo gobierno que pretende llevar al calabozo a católicos pacíficos por el simple hecho de rezar, ha eliminado condenas de todo tipo a delincuentes y ahora pretende amnistiar a golpistas acusados hasta por terrorismo, ya que es el pago por haberlos convertido en sus socios. Todo esto tiene muy mala pinta y se agrava por momentos.

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