En la “Ley Trans” ya aprobada en Consejo de Ministros, el Gobierno incluye la reserva de plazas en oposiciones y concursos públicos para este colectivo. Aunque todo está a expensas de la tramitación parlamentaria, el texto de la ministra de Igualdad, Irene Montero, deja la puerta abierta a este tipo de beneficios tanto en el sector público como en el privado.

Nos encontramos ante una medida que escandaliza ya que, con la nueva ley, cualquier persona que así lo desee podrá cambiar su nombre y su sexo en los documentos oficiales sin necesidad de ningún informe médico e incluso revertir su identidad en un futuro de la misma forma, simplemente, rellenando una solicitud en el Registro Civil. Acceder a la reserva de puestos de trabajo simplemente por declararse trans, es escandaloso y es abrir la puerta al fraude masivo.

El problema reside en que ya hay precedentes, el gobierno de Aragón, del socialista Javier Lambán, impulsó ya en 2018 una ley que establece que «en las ofertas de empleo público realizadas por las Administraciones públicas aragonesas, se reservará un cupo no inferior al uno por ciento de las vacantes para ser cubiertas por personas transexuales”. En las ya realizadas, lo llamativo era que mientras que no se reservaba ninguna plaza para personas con discapacidad —incumpliendo así la Ley 1/2013 de 29 de noviembre, General de derechos de las personas con discapacidad— sí se reservaban para transexuales.

Vayamos resumiendo, te llamas Pepe y al ver que con los 35 años ya cumplidos no encuentras trabajo, decides llamarte Lola rellenando la solicitud correspondiente en el Registro Civil, consigues un empleo, pasan los años y la pensión de jubilación correspondiente, entonces es cuando vas de nuevo al Registro Civil y dices que ya te sientes de nuevo hombre, rellenas de nuevo la solicitud y todo arreglado, vuelves a llamarte Pepe ¿Somos gilipollas o solo lo parecemos?