El Tribunal Supremo ha ratificado la sentencia que impuso el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) de aplicar un mínimo de un 25% de clases en español en todos los centros escolares catalanes. El gobierno catalán ha anunciado que incumplirá la sentencia. No es algo nuevo. La Generalidad de Cataluña lleva saltándose las sentencias judiciales en materia educativa desde 2010, tanto con gobiernos centrales socialistas como populares, sentencias que obligan a dar en español el 25% de las clases.
Como los estatutos de autonomía son normas subordinadas a la Constitución, están jurídicamente sometidos a la Carta Magna. Por lo que la inmersión lingüística amparada en artículos del Estatuto de Cataluña es inconstitucional y nula.
Pese a que la Generalidad está obligada a cumplir la sentencia del alto tribunal, su consejero de Educación, no solo ha dicho que no piensan cumplirla, es que, además, afirma tener el compromiso de la ministra de Educación de que no se va a ejecutar la sentencia. Es decir, el Gobierno de España se sitúa en la insumisión, pues si no ejecuta la sentencia y no se restauran los conculcados derechos fundamentales de los ciudadanos, se sitúa fuera de la democracia.
Digo yo, que alguien debería encargarse de ejecutar las sentencias. Por ello, los tribunales no pueden quedarse de brazos cruzados esperando que el Gobierno cumpla las sentencias que ha dicho que no va a cumplir. Los tribunales deben forzar a que se cumplan sus sentencias. Padecemos una alarmante degradación democrática. La banda de Sánchez, y sus socios comunistas, separatistas y proterroristas, están desmantelando el Estado de derecho.