La grabación realizada por
los dueños de La Raza, en donde se destapó la petición de una comisión de
300.000 euros a cambio de una subvención para una escuela de hostelería que
concedía el entonces delegado de Empleo de la Junta de Andalucía, Antonio
Rivas, fue lo que provocó el posterior maremoto del caso ERE.
Antonio Rivas, es un
político socialista que estuvo implicado en el caso Mercasevilla, y actualmente
está imputado por la inclusión de varios intrusos en prejubilaciones, algunos
de ellos familiares suyos.
Pues bien, la “Cosa Nostra”
andaluza, es decir, el régimen socialista andaluz, llevaba mucho tiempo
preparando su venganza contra quienes, por cumplir con su obligación ciudadana
y denunciar el asunto ante la justicia, han ayudado a desmontar la trama
criminal construida por el PSOE bajo el paraguas de la Junta de Andalucía.
El asunto es muy retorcido.
Resulta que un funcionario, colaborador y amigo personal del “saqueador
socialista” Antonio Rivas, ha realizado un informe jurídico sobre inmuebles
municipales con alquileres de renta antigua, que por lo visto son 44, pero
sospechosamente en el informe solo se cita a La Raza.
Según dicho informe, el
ayuntamiento de Sevilla, cuando firmó en 1954 el contrato con estos señores, no
se ajustó a las normas jurídicas aplicables en ese momento. En lenguaje llano,
pretenden el desalojo por un error que cometió hace 62 años el ayuntamiento y
que los perjudicados ahora sean los que nada tuvieron que ver en esa
irregularidad.
De todos es sabido, que la
Mafia siempre se venga de quien tiene la osadía de no respetar la omertá y la
denuncia. Los mafiosos tienen muy claro, que para evitar que otros sigan los
pasos del que se atrevió a denunciarles, tienen que someterlo a escarmiento.
¿Nadie va a mover un solo
dedo para impedir la venganza de los corruptos, o sea, el desalojo?
Pues sí que parece cosa de la Mafia.