Lo
decidido por el Tribunal Supremo en la causa contra José Blanco,
supone prácticamente, dar vía libre a todos los políticos de este
país para que practiquen el tráfico de influencias.
José
Blanco mintió descaradamente cuando tras conocer la decisión del TS
afirmó. “He sido victima de un infundio político que ha
fracasado”, pues los tres magistrados que suscriben la resolución
han considerado probados los hechos que motivaron la acusación,
aunque tras una peregrina argumentación sostienen que dichos hechos
no son constitutivos de delito y archivan el procedimiento.
La
decisión del TS vacía la propia tipificación del delito pues
considera que la intervención de un ministro para favorecer a un
amigo no es delito, algo que sonroja incluso a los que somos mas
legos en materia jurídica.
Recordemos
que el entonces ministro de Fomento, hizo varias llamadas y consiguió
que el ayuntamiento de Sant Boi de Llobregat revocara su decisión de
denegar una licencia para una nave industrial a un íntimo amigo
suyo, una decisión que estaba avalada por los informes de los
técnicos municipales por razones medioambientales. Al ser socialista
el alcalde de Sant Boi y Blanco, además de ministro, responsable de
organización del PSOE, la licencia fue concedida al amigo del
ministro pese a que en el proyecto no se modificó absolutamente
nada, los propios funcionarios del ayuntamiento modificaron la
instancia de Orozco para adaptarla a sus requisitos. Verde y con
asas.
Desde
mi punto de vista, ha habido un sospechoso trato de favor hacia el ex
ministro, máxime cuando el TS ha dejado al margen la investigación
del delito de cohecho al no haber pruebas claras de la entrega de
200.000 euros a Blanco en una gasolinera de Guitiriz, negándose
también el tribunal a investigar el sospechoso patrimonio del ex
ministro. Y nos siguen diciendo que la justicia es igual para todos,
lo mismo hasta hay gente que se lo cree.