El pronunciamiento del Tribunal Constitucional no pone en entredicho la constitucionalidad de la reforma, sino la vía elegida para llevarla a cabo, ya que, al introducirse en una enmienda a otra ley que nada tiene que ver con el asunto —la que elimina el delito de sedición—, no ha de someterse al debate parlamentario, ni contar con los informes preceptivos del CGPJ, el Consejo de Estado y el Consejo Fiscal que, sin embargo, sí requeriría un proyecto de ley independiente. Por ello, queda claro que no es en ningún caso una intromisión de la Justicia en lo político, que es la mentira que repiten una y otra vez este indeseable Gobierno y sus perniciosos socios.
Los jueces, además de jueces son ciudadanos y por supuesto son conscientes de que Sánchez pretende colonizar todas las instituciones, pero en este asunto se han limitado a cumplir con su obligación suspendiendo la tramitación en el Senado de las enmiendas con las que el Gobierno pretendía cambiar el sistema de elección de los magistrados del propio TC hasta que decida sobre los recursos de amparo presentados por el Partido Popular y por Vox.
La propia letrada del Congreso de los Diputados asignada a la Mesa de la Comisión de Justicia ya advirtió de la posible inconstitucionalidad de la maniobra que pretendía el Gobierno, que llegó a calificar de antijurídica al considerar que las enmiendas presentadas para tratar de reformar el sistema de elección de los magistrados del TC no tenían una «conexión material» ni guardaban una «relación de homogeneidad mínima» con la proposición de ley en la que se habían introducido.
La izquierda siempre engaña con el lenguaje, nos habla de que dos magistrados conservadores tienen su mandato caducado, cosa que es falsa, pues lo tienen prorrogado al no haberse renovado todavía. Por ley, no solo pueden, sino que tienen la obligación de seguir haciendo su trabajo.
PSOE y Unidas Podemos únicamente solicitaron la recusación del presidente, Pedro José González-Trevijano, y de Antonio Narváez. Sin embargo, hay otros dos magistrados que también deberían haber sido sustituidos el pasado mes de junio: Santiago Martínez-Vares y Juan Antonio Xiol Ríos, pero de estos no hablan. La razón por la que los partidos de Gobierno únicamente recusan a los dos primeros es porque esos fueron los nombrados por el Gobierno de Mariano Rajoy y, por tanto, a los que les tocaría sustituir a ellos.
Es vergonzoso que los sustitutos que plantea el Gobierno tienen un perfil mucho más político: Juan Carlos Campo, exministro de Justicia con Pedro Sánchez y Laura Díez, exasesora de Pujol y favorable a burlar la sentencia del 25% de español. Con su nombramiento, el Tribunal Constitucional cambiaría totalmente el reparto de poderes, ya que los progresistas pasarían a tener la mayoría y, por tanto, podrían blindar tanto las leyes más polémicas del Gobierno como las promesas que éste ha hecho y puede seguir haciendo a Bildu y ERC. Digámoslo claro, Sánchez, quiere que la izquierda y sus deplorables socios, dispongan de un TC con una mayoría que declare constitucionales todas las leyes contrarias a la Constitución y destinadas a acabar con la Nación, la democracia y el orden constitucional.
Si el Gobierno hubiera optado por incluir sus pretensiones en un proyecto de ley, que es lo normal, la modificación se hubiera retrasado y habría empañado la precampaña de las elecciones municipales y autonómicas del próximo mes de mayo perjudicando así al PSOE, porque Sánchez sabe, que hasta muchos de los suyos están escandalizados por lo que está perpetrando.
Desde hace años, las instituciones europeas han venido reclamando al Gobierno que cambie el sistema de elección de los vocales del CGPJ para acabar con la «percepción de politización». Así, el Consejo de Europa insiste en que sean los jueces los que elijan a sus miembros, en consonancia con los estándares europeos, lo mismo que decía la UPyD de Rosa Díez hace muchos años y que posteriormente dijo Vox tras su irrupción en la política española, el PP se aprovechó de esa politización de la Justicia, dispuso de mayorías absolutas y no lo arregló, pero desde Casado, viendo lo que la izquierda pretende, se ha unido a esos que pedimos la absoluta independencia de la Justicia y que sean los propios jueces los que se elijan entre ellos, ahora falta ver si es solo estrategia de los populares o de verdad están convencidos que es la única solución para nuestra democracia, una división de poderes real.