Contra Carles Puigdemont existe una orden nacional de detención dictada por el Tribunal Supremo para juzgarle como acusado de delitos de desobediencia y malversación de fondos públicos en relación con el golpe separatista de octubre de 2017 en Cataluña que encabezó y cuyo fin fue el de subvertir la legalidad constitucional y romper la unidad nacional. Desde entonces, está huido de la Justicia española y refugiado en Bélgica.
Nuestra vicepresidenta del Gobierno en funciones, la comunista Yolanda Díaz, se ha reunido con el cabecilla golpista en una sala del parlamento europeo afirmando que su objetivo era «caminar hacia un país plurinacional», algo que no tiene encaje en la Constitución Española, aunque todos sabemos a lo que fue, a pedir el apoyo de ese partido de delincuentes para que Pedro Sánchez se pueda mantener en el poder. Y para más inri, lo ha hecho viajando en un Falcón pagado con nuestros impuestos.
Pero no es solo eso, además, lo perpetrado por Yolanda Díaz, vulnera claramente el Art. 408 del Código Penal y debería ser inhabilitada para ocupar cargo público. Este artículo dice «la autoridad o funcionario que, faltando a la obligación de su cargo, dejare intencionadamente de promover la persecución de los delitos de que tenga noticia o de sus responsables, incurrirá en la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de seis meses a dos años».
La visita de una vicepresidenta del Gobierno de España para reunirse con un prófugo de la Justicia es un acto obsceno. Representa a un Gobierno que tiene la obligación cumplir y hacer cumplir la ley, pero no lo hace y negocia con un huido de la Justicia. En los gobiernos de nuestros socios europeos no dan crédito de lo que ven ocurre en España.
Por su parte, Feijóo, tras el escándalo que produjo su anuncio de reunirse con Junts, el partido de Puigdemont, en la derecha social, parece que se ha asustado y ha reculado, anunciando que esa reunión no se celebrará con la excusa de que lo que insiste en pedir el líder golpista a cambio de su apoyo en la investidura, manifestado a nuestra vicepresidenta comunista, es absolutamente ilegal e inconstitucional. Aunque todos sabemos que, pese a ello, Sánchez y sus antiespañoles socios, tratarán de dárselo llamándolo de otra manera sabedores que al final de todo estará el Tribunal Constitucional y al frente de él, Cándido Conde Pumpido, uno de los mayores enemigos de España y su democracia.
Nunca nuestra patria se vio en una coyuntura semejante, de sus ojos puede que ya esté cayendo alguna lágrima.