Puigdemont es consciente de que tiene cogido a Sánchez por los cataplines y por ello, está bastante crecidito sabedor de que Sánchez está dispuesto a todo con tal de seguir habitando La Moncloa.
Hemos visto al líder golpista huido de la Justicia en su última rueda de prensa, en la que no se limitó a exigir una amnistía como precio para que su partido, Junts, apoye la reelección del socialista Pedro Sánchez como presidente del gobierno, también exigió: «El abandono completo y efectivo de la vía judicial contra el independentismo y los independentistas. El 1 de octubre no fue un delito, como tampoco lo fue la declaración de independencia, ni las masivas protestas contra la represión y la sentencia del Tribunal Supremo. El abandono de la represión en el independentismo democrático es una exigencia ética y debe ser un abandono permanente».
Puigdemont quiere mucho más que una amnistía, quiere algo aún peor, quiere una inmunidad total para saltarse la ley y cometer delitos. Quiere que el Estado se comprometa a permitir que los separatistas puedan pisotear el Código Penal y hacer lo que les dé la gana, sin ningún límite legal, mientras al resto de los españoles se nos impone la ley sin hacer excepciones.
Los separatistas llevan décadas exigiendo privilegios que les sitúen por encima de los demás españoles que viven en otras regiones, unos privilegios que conviertan al resto del pueblo español en ciudadanos de segunda. No está de más recordar que alguien que piensa así no puede ser demócrata, por mucho que se arrogue esa condición, pues la democracia implica que todos somos iguales ante la ley, sea cual sea nuestro sexo, clase social, religión, ideología, gustos y opiniones.
Es escandaloso que Sánchez y su banda, que no gobierno, se haya negado hasta ahora a rechazar las exigencias de Puigdemont, dándole esperanzas de que obtendrá lo que pide y animándole a seguir subiendo el listón de sus reclamaciones, que ya parecen no tener fin. El infame de Sánchez es rehén de un prófugo de la Justicia, es rehén del golpista Puigdemont.
Mientras el PSOE y sus indeseables socios maquinan como dar otro “Golpe de Estado” sin que se note mucho, el ganador de las elecciones, Feijóo, sigue mareando la perdiz cada vez con más cara de circunstancias, sabedor de que lo tiene “imposible”. Solo Vox acaba de mover ficha ante el obsceno espectáculo que estamos viendo y ha solicitado al Tribunal Supremo que llame a testificar a la vicepresidenta en funciones, Yolanda Díaz, y al diputado de Podemos, Jaume Asens, por reunirse con Carles Puigdemont en Bruselas para negociar la investidura de Pedro Sánchez. Ambos mantuvieron un encuentro con un prófugo de la Justicia que, de entrar en España, sería detenido por la policía.
En el escrito, los de Abascal denuncian que el Gobierno en funciones trata de «disfrazar una visita de cortesía parlamentaria de Yolanda Díaz -argumentando que se realiza a título personal- con el objeto de «desligarse de las consecuencias políticas y penales que pudieran derivarse». Vox también recuerda que, como miembros del Gobierno, la obligación de Díaz es «promover la persecución de los delitos y de sus responsables y no facilitar la comisión de otros nuevos». Por último, Vox también solicita al Alto Tribunal el análisis sobre el «conocimiento directo de los planes de Carles Puigdemont que la vicepresidenta podría haber tenido con el investigado», para evitar así «futuros planes o actos delictivos por parte del encausado».
Quisiera terminar hablando de unas declaraciones del presidente castellanomanchego, Emiliano García Page, en la que es más duro aún con su secretario general que lo que declara el propio Feijóo, unas declaraciones sublimes que nunca tienen consecuencias prácticas, ni dimite ni se rebela, parece que solo están encaminadas a agradar el oído de sus votantes.