El mismo partido que presentó un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley del Aborto y tras más de una década aplaudió hasta con las orejas, que el Tribunal Constitucional dictaminara en contra, ese mismo partido continúa llevando a cabo esa política zombi o errática convencido de que su base electoral nunca le pasará factura y le consentirá absolutamente todo, aunque personalmente creo que todo tiene un límite y que están jugando con fuego.
Allá por la primavera de 2013, siendo presidente del Gobierno el popular, Mariano Rajoy, con una mayoría aplastante, Rosa Díez (UPyD), presentó una proposición de Ley para endurecer la Ley de Partidos y poder ilegalizar a formaciones políticas como Amaiur, EH Bildu y Sortu. Todos los partidos, incluido el PP, votaron en contra. De haberse aprobado esa proposición, los partidos separatistas catalanes hubieran podido ilegalizarse mucho antes de dar su intento de Golpe de Estado, nos hubiéramos ahorrado mucho sufrimiento y no nos encontraríamos en la difícil situación actual.
En el otoño de 2020, Vox presentó una proposición de Ley en el Congreso de los Diputados para ilegalizar a los partidos independentistas. El PP y demás partidos, votaron en contra.
En noviembre del pasado año, hace apenas dos meses, de nuevo, Vox presentó, esta vez en el Senado, una moción para ilegalizar a Junts y ERC. El PP dispone en el Senado de mayoría absoluta y de nuevo unió sus votos a los demás partidos para oponerse a lo que pretendía Vox.
Pues bien, ahora el PP cambia de opinión y aprovecha la presentación de su enmienda a la totalidad de la ley de Amnistía para reformar el Código Penal e «incluir una serie de delitos como deslealtad constitucional» que servirán para «castigar a aquellas autoridades, cargos y funcionarios públicos, que promuevan la inobservancia de las leyes o el incumplimiento de las resoluciones judiciales» así como que «tipifiquen las declaraciones de independencia o referéndums ilegales» con la «disolución de las organizaciones y personas jurídicas» que incurran en estos delitos. El PP pide prácticamente lo mismo, que pedía Vox y que siempre rechazó, eso sí, cambia ilegalizar por disolver, algo que debe sonarles así como más moderadito.
Vox también ha registrado una enmienda a la totalidad en la que propone «la creación de un nuevo tipo delictivo que castigue a quienes negocien con condenados, procesados o sustraídos de la acción de la justicia por delitos contra la Constitución». Lo que evitaría negociaciones como las de Pedro Sánchez con Carles Puigdemont. Vox siempre ha sido muy claro en este asunto, pide la ilegalización de los partidos cuyo único objetivo es destruir la nación y punto.