Desde los medios afines al gobierno, encabezados por ese vomitivo panfleto izquierdista llamado El País, se ha difundido la gran falsedad de que la ONU como tal, ha instado a España a adoptar las medidas necesarias contra las leyes de concordia autonómicas del PP y de Vox.
La ONU no ha rechazado las leyes de concordia españolas, porque para aprobar ese rechazo se tendría que haber convocado una sesión de la Asamblea General y haber sido aprobado el rechazo por una mayoría de dos tercios de los miembros presentes y votantes, que es como se aprueban las resoluciones de la ONU. La Asamblea General no ha dedicado ni una sola sesión a las leyes de concordia españolas, de modo que atribuir a la ONU el rechazo a esas leyes, es engañar a la gente.
El texto del supuesto rechazo es obra de tres relatores izquierdistas del Consejo de DDHH de la ONU, quienes ni son personal de la organización ni siquiera están a sueldo de ella. De hecho, la ONU publicó en 2023 en su web una nota aclaratoria sobre estos personajes: «Los Relatores Especiales trabajan de forma voluntaria, no son personal de la ONU y no reciben un salario por su trabajo». Por ello, difícilmente se puede atribuir a la ONU algo que hacen individuos externos a la organización y con una ideología clara.
El Consejo de Derechos Humanos está formado por solo 47 estados. En ellos están metidas dictaduras comunistas como la China, Cuba, Eritrea y Vietnam, regímenes antidemocráticos que violan los derechos humanos y que al mismo tiempo dicen estar en ese Consejo para protegerlos. Forman parte del Consejo de DDHH, 15 países que persiguen a los cristianos y castigan la homosexualidad con la muerte, mientras otros muchos discriminan gravemente a las mujeres. Aunque no es el caso, si este maléfico Consejo de la ONU emitiese una condena contra alguien por algo, esta debería ser considerada como una medalla puesta en el pecho del condenado. Si el mal te castiga es que estás en la posición correcta.
Sánchez y su Gobierno, a la vez que denuncian los supuestos bulos de los medios y partidos de derechas, se dedica a propagarlos.
Es evidente, que sustituir las sectarias leyes de Memoria Histórica, ahora llamadas de Memoria Democrática, debe ser una prioridad. También es evidente, que el PP solo se atreve a hacerlo cuando tiene a Vox de socio en varias CCAA con el que gobierna en coalición. La izquierda se ha movilizado porque las leyes de concordia, entre otras cosas, deja al descubierto, le muestra a la ciudadanía esa verdad que tanto oculta la izquierda, las atrocidades que se cometieron durante la II República, ese periodo negro y criminal de nuestra historia idealizado por la izquierda.
Todo un embuste a favor de la dictadura de turno, llámese la de Sánchez