Otro paso hacia nuestro suicidio

Sánchez sigue ejecutando sus planes de importación masiva de extranjeros, que le van a venir estupendamente para inclinar el censo electoral a su favor y para contentar a la patronal, llenando el mercado de trabajo de mano de obra barata. Un plan en el que cuenta con la siempre inestimable ayuda y complicidad del PP, que ha mostrado varias veces su apoyo a las regularizaciones masivas de inmigrantes ilegales. Con esta modificación reglamentaria, Sánchez pretende regularizar a 300.000 ilegales al año, casi un millón en tres años.

Esta medida tendrá un “efecto llamada” exponencial en los países de donde proceden la mayoría de los inmigrantes ilegales. Una barbaridad administrativa sólo a la altura de un irresponsable como Sánchez y un pusilánime como Feijóo.

Esta locura de Pedro Sánchez traerá consecuencias muy negativas para los españoles, especialmente para los más vulnerables y para los trabajadores y sus familias. Los de siempre serán quienes paguen los platos rotos de este festín multicultural: Barrios degradados, hasta el punto de convertirse en guetos donde no rige la ley nacional y volverse irreconocibles para los vecinos. Aumento cada vez mayor de la inseguridad en las calles, con delitos desconocidos hasta ahora en España y que ponen en riesgo especialmente a las mujeres. Saturación y degradación de los servicios públicos. Acceso cada vez más difícil a una vivienda asequible. Precarización del empleo, con reducciones de salarios y el empeoramiento de las condiciones laborales para los trabajadores. Y lo que es aún más terrible, todas las ayudas sociales irán para los invasores en vez para nuestros hijos.

Los planes del gobierno son especialmente peligrosos por el contexto en el que nos encontramos de fomento y aumento de la inmigración ilegal: entre los años 2018 y 2024 las entradas fraudulentas por vía marítima y terrestre en España llegaron a ser casi de medio millón. Estas personas, en lugar de ser devueltas a sus países de origen, tal y como estipula la ley, son mantenidas por el Estado. Es urgente el endurecimiento generalizado de la legislación vigente en materia de inmigración. El nuevo reglamento prevé la creación de nuevos organismos, como el Registro de Instituciones y Centros de Enseñanza Superior, aumentando la enorme estructura burocrática que ya existe en España y que no sirve para nada más que para colocar a amiguetes de los partidos.

La principal novedad de Sánchez en este reglamento es la brutal flexibilización de la figura del arraigo, una tomadura de pelo y un desprecio infinito a España. En concreto, la reforma del Reglamento de Extranjería reduce el periodo de permanencia en España a 2 años, a excepción del arraigo familiar, que no lo requiere, para obtener el permiso por arraigo. Con esta modificación, los inmigrantes ilegales tendrán mucho más fácil el acceso a la residencia legal en España. Además, para acreditar el arraigo social, ya no será necesario que el inmigrante cuente con vínculos familiares, sino que reconozca y respete, no ya los valores del país en el que se encuentra, esto es, de España, sino los valores estatutarios de la comunidad autónoma donde se resida.

La nacionalidad no puede ser en ningún caso un regalo y mucho menos un arma política para configurar el censo electoral, que en última instancia es lo que busca el Gobierno de Sánchez. La nacionalidad española es un honor para los que compartimos nuestra patria, que conlleva una identidad, unos derechos y también unos deberes concretos. Los lazos comunes que nos unen son un motor de voluntades que nos mueven hacia la búsqueda del bien de todos los españoles, trabajando para que todos nuestros compatriotas y las próximas generaciones tengan un futuro mejor. Por ello, la nacionalidad española es un privilegio para los extranjeros que la solicitan y para quienes se le concede. No es un capricho, ni una prebenda, ni mucho menos un recurso administrativo para atajar el camino hacia los derechos y libertades de los españoles. Por eso, no se puede conceder alegremente, sino todo lo contrario de lo que hace el Gobierno de Sánchez, hay que endurecer los requisitos para adquirir la residencia legal y la nacionalidad española.

La Administración Pública debe revisar con lupa cada expediente, prestando especial atención a los casos de asilo por razones de extrema gravedad, como la persecución religiosa que padecen millones de cristianos en todo el mundo.

Se introducen cambios para la adquisición de la residencia temporal que, además, benefician laboralmente a los extranjeros. Por ejemplo, contar con la autorización de trabajo de duración determinada o el arraigo socioformativo serán suficientes para obtener el permiso temporal para ser residente en España. El objetivo del Gobierno es “formar talentos, fomentar su empleabilidad y con la nueva regulación de la modificación de estatus, retenerlos”. ¿Por qué Sánchez se preocupa más de retener el talento de los extranjeros que el de los españoles en paro o en condiciones de trabajo penosas, y que acaban emigrando muchos de ellos? ¿Cuántos jóvenes españoles se dejan ingentes cantidades de dinero en formación para intentar mejorar sus condiciones de vida sin apoyo de ningún tipo? Y no sólo no lo consiguen, porque el mercado laboral cada día es más difícil, sino que no obtienen ninguna ventaja a cambio de este Gobierno, que sí las aplica a los extranjeros.

El Gobierno no se frena a la hora de poner alfombra roja a los inmigrantes ilegales y a los extranjeros en general para obtener mano de obra barata mientras las cifras de paro entre los españoles siguen siendo escandalosas, por mucho que las intenten maquillar con la figura de los fijos discontinuos. Hay que decirlo alto y claro todas las veces que haga falta, los nuestros, primero. Mientras haya un solo español sin empleo, sin poder llevar el sustento a su familia, la prioridad debe ser que pueda acceder a un puesto de trabajo estable y dignamente remunerado, antes que la promoción del empleo de extranjeros.

La solución a la demanda de determinados puestos de trabajo no se puede solucionar únicamente con la regularización de cientos de miles de inmigrantes ilegales o con el efecto llamada a la inmigración masiva. Hay que aplicar políticas que mejoren de verdad el trabajo de los españoles, sus condiciones de vida y fomenten la natalidad, que fortalezcan nuestras familias y nuestra Nación. En España hay talento de sobra y españoles que están deseando trabajar, llevar un sueldo a sus familias y prosperar. Sólo es necesario que los políticos de siempre se dejen de delirios globalistas.

Son estos poderosos y globalistas corruptos los verdaderos xenófobos y los verdaderos insolidarios. Son ellos los que maltratan a los extranjeros, especialmente de los países más pobres, fomentando su traslado en masa para cubrir los puestos de trabajo peor cualificados en lugar de promover que se queden en su tierra y ayudarles a desarrollarla, así como a fomentar la natalidad y el empleo de calidad de las naciones europeas.