El día 28 de septiembre de 2023, Pedro Sánchez, mantuvo una reunión privada de aproximadamente dos horas con el exministro José Luis Ábalos en el Palacio de La Moncloa. En el transcurso de dicho encuentro, Pedro Sánchez reveló a Ábalos que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil estaba investigando a Koldo García, quien había sido asesor de Ábalos en el Ministerio de Transportes. Esto lo ha declarado el propio Ábalos y tras estas declaraciones, los servicios jurídicos de VOX han presentado una querella contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por incurrir en presuntos delitos de revelación de secretos, obstrucción a la justicia y encubrimiento de la trama corrupta del PSOE.
La información que compartió Sánchez con Ábalos aquel día era claramente de carácter reservado y relativa a una investigación penal en curso, pues el hecho de que la UCO estuviera investigando a Koldo García constituía un hecho no público en ese momento, protegido por la debida confidencialidad propia de las diligencias de investigación.
Lo que Sánchez conocía desde septiembre de 2023, no se conoció públicamente hasta que varios meses después el escándalo trascendiera con las detenciones, por ello, lo perpetrado por el presidente del Gobierno reviste una extraordinaria gravedad, pues se refieren a delitos de corrupción y fraude en el ámbito de la Administración Pública que estaban siendo activamente investigados por la UCO de la Guardia Civil y la difusión indebida de estos datos reservados pudo comprometer seriamente el desarrollo efectivo de las investigaciones policiales en curso.
No sería exagerado pensar que la fuente de información de Sánchez haya podido ser el delincuente que dirige y controla la Fiscalía General del Estado, un individuo que precisamente ha sido puesto ahí para prestar este tipo de servicios a quien le designó y a su banda criminal. Me sorprende que solo VOX se haya dado cuenta de la gravedad de lo sucedido y de los graves delitos que se han podido cometer, dando el paso de presentar una querella ante el Tribunal Supremo.
Ahora podemos entender por qué el Gobierno tiene tanta prisa en sacar adelante la llamada Ley Bolaños. Pretenden asaltar la Justicia y ser ellos, quienes le digan a la UCO, a quien pueden y a quien no pueden investigar, para que así la impunidad socialista quede establecida.
Todavía hay esperanza para el pueblo