Lo dicen los informes de nuestra Policía Nacional, de la Guardia Civil y del resto de agencias de inteligencia, la invasión de Ceuta fue guiada por gendarmes marroquíes a las órdenes de agentes de paisano con un fin distinto al migratorio, ya que dieron indicaciones a los inmigrantes para acceder a Ceuta y se encargaron de gestionar el flujo de los miles de personas llegadas a Castillejos para que se dirigieran a zonas predeterminadas para alcanzar territorio español. Y que la invasión migratoria fue planificada por las fuerzas de seguridad marroquíes con una finalidad relacionada con la reivindicación territorial de Rabat sobre las ciudades españolas de Ceuta y Melilla. Informaron al gobierno sobre la invasión migratoria con dos días de antelación y el Gobierno ignoró el aviso.
Esos informes dejan claro que el gobierno Sánchez fue avisado, pero permitió el asalto y después encubrió el papel de Marruecos en él, incluso elogiando al país invasor.
Este lunes, Pedro Sánchez, concedió una entrevista a la SER en la que mintió abiertamente sobre este asunto, y lo hizo a sabiendas de que sus afirmaciones no eran verdad. Hoy en el Congreso de los Diputados, ha vuelto a repetir las mismas mentiras.
El gobierno marroquí estuvo implicado en el asalto fronterizo, ya que es impensable que cien mil personas se dirijan a la frontera de Ceuta del lado marroquí sin que el gobierno de ese país lo sepa.
Con esa inacción del gobierno ante una invasión en ciernes y su encubrimiento del país invasor, Sánchez y su Gobierno han cometido los graves delitos de, prevaricación administrativa por omisión, omisión del deber de perseguir delitos, cooperación por omisión en delitos contra la Constitución y también traición.
España no puede seguir ni un día más bajo un Gobierno del que ya sabemos que no sólo no protege nuestras fronteras, sino que, además, protege a quienes las atacan, un ataque que en el caso de Marruecos supone una violación de nuestra integridad territorial con el fin de adueñarse de dos ciudades españolas.
Sánchez merece ser juzgado por traición, una acusación que VOX ya planteó hace semanas y que requeriría activar el Artículo 102 de la Constitución, que señala que para acusar a cualquier miembro del gobierno por traición hace falta la cuarta parte de los miembros del Congreso, con el fin de plantear la iniciativa, y la aprobación de la mayoría absoluta de la Cámara, para aprobarla. Hasta ahora, el Partido Popular sigue negándose a apoyar esa iniciativa ¿Qué más tiene que ocurrir para que el PP dé ese paso? Me cuesta trabajo entender en qué piensan Feijóo y los suyos.