En cuanto el Senado dé luz
verde al 155, el Gobierno no tiene solo la obligación de restablecer la
legalidad constitucional, sino que también está obligado a demoler el entramado
creado por los separatistas para en exclusiva, difundir, promover y fomentar el
secesionismo en Cataluña.
Esos departamentos,
organizaciones y entes, se han dedicado en exclusiva a hacer ingeniería social,
a intoxicar a la población para con seguir el objetivo final de la
independencia. Mientras que los servicios esenciales a los ciudadanos sufrían
drásticos recortes y no había dinero para pagar a proveedores, el gobierno
catalán regaba a su administración paralela, a su maquinaria de envenenamiento.
Ahora, el Gobierno de España,
tras la aprobación por el Senado del 155, dispondrá de las suficientes
herramientas legales para desmontar este enorme aparato de propaganda y
adoctrinamiento político, podrá destituir a sus dirigentes e incluso dar el
cerrojazo a entidades y organismos. Además, nuestro Gobierno, tiene la
obligación de hacerlo.
Quiero hacer especial mención
a la basurienta Tv3, esos que llevan ya demasiado tiempo repitiendo a diario
eso de “la puta España”, creo que no solo sus dirigentes, que su plantilla al
completo, se ha ganado a pulso, ir “al puto paro”. Ese criminal canal público
de TV merece ser cerrado, y hasta demolido su edificio.
Toda esa administración
paralela, y sobre todo, los múltiples medios de comunicación públicos
catalanes, llevan ejerciendo durante ya demasiado tiempo, como auténticos
medios de agitación política, y por ello, tienen que ser desmantelados.
Posiblemente, el Estado no
tenga otra oportunidad como esta para limpiar la sociedad catalana del virus
que los debilita, del virus que les llevan inoculando desde los tiempos de ese
gran ladrón llamado Jordi Pujol, del virus del independentismo.
Por lo menos, impidamos que
se contagie a nadie más en el odio a España, pues mucho más dura será la labor,
de hacer que los que lo portan, que a los que les han enseñado a odiarla, la
amen.
