La
amnistía fiscal ahora anulada por el Tribunal Constitucional, la
aprobó el Gobierno en 2012 mediante decreto, en vez de llevarla al
Parlamento. Se hizo para tratar de que afloraran patrimonios ocultos
a los ojos de Hacienda, una medida realizada a la desesperada
encaminada a recaudar más para evitar así el rescate del país.
El
TC deja claro ahora, que un mero decreto no es la vía correcta para
legislar sobre principios básicos, como es la obligación de todos
los españoles al sostenimiento del gasto público.
La
amnistía fiscal es el vivo ejemplo de la incapacidad de un Estado
que abdica del cumplimiento de su obligación, que no es otra, que el
deber fundamental que tiene de no favorecer a los defraudadores
frente al resto de contribuyentes, cívicos y honrados. En este caso,
el fin no justificaba los medios, los límites que fija la
Constitución no se pueden sobrepasar nunca.
Cristobal
Montoro, debe asumir sus responsabilidades, pues su función no debe
ser solo la de que le cuadren los números, sino también, realizarlo
desde una limpieza absoluta en el aspecto jurídico y moral.
Si
Montoro pretende seguir en su puesto, lo único que va a conseguir es
dar a la oposición todavía más munición para su artillería
pesada, esa que emplean a diario para desgastar al gobierno del que
forma parte.
Al
final, no se recaudó lo que se pretendía, y todo el elenco de
conocidos golfos de este país se beneficio de la medida. Pésimo
mensaje el que se envió a la ciudadanía, defraudar sale al final
rentable.
Montoro
debe asumir sus responsabilidades políticas, pues los errores de
esta magnitud deben tener consecuencias prácticas.
Si
la ciudadanía está ya harta de la clase política impresentable que
padece, imaginemos que por culpa de estas conductas gubernamentales,
la gente empieza a dudar de su obligación de pagar impuestos, sería
terrible.
