El
presidente de la Generalidad, Carles Puigdemont, y el vicepresidente,
Oriol Junqueras, han manifestado su firme intención de celebrar el
ilegal referéndum independentista el 1 de octubre con la pregunta
«¿Quiere que Cataluña sea un Estado independiente en forma de
República?».
En
el anuncio ha estado presente el ejecutivo autonómico en pleno, así
como los grupos parlamentarios de Junts pel Sí y la CUP, y como no,
la presidenta del Parlamento de Cataluña, Carme Forcadell.
La
respuesta del Gobierno de España ha sido igual de patética que
siempre, pues nos cuenta la milonga de que “el anuncio de esta
mañana no tendrá, en principio, consecuencias legales. Se trata de
un gesto y no un hecho. Puigdemont no ha firmado ningún decreto de
convocatoria, por lo que no hay materia para actuar judicialmente”.
Añadiendo que, cuando lo hagan por escrito, todo se recurrirá ante
los tribunales, teniendo en cuenta, que como lo que dicen los
tribunales no lo respetan, lo de nuestro Gobierno empieza a ser muy
preocupante.
Hoy
de nuevo hemos tenido que oír los cansinos ofrecimientos de diálogo
y de reiterar la invitación para que Puigdemont vaya al Congreso de
los Diputados a defender su postura, por parte de un Gobierno que
inevitablemente, a estas alturas, suena a debilidad y cobardía.
Ahora
suena el rumor, de que Mariano Rajoy en ningún caso está dispuesto
a aplicar el Art. 155 y suspender la autonomía catalana, y que por
lo visto tiene previsto recurrir a la difusa Ley de Seguridad
Nacional.
Lo
cierto es, que por culpa de la minoría independentista catalana,
España va cuesta abajo y directa hacia el peor de los abismos, que
no es otro que el de la ruptura de su unidad nacional, y este
Gobierno dispone de varios frenos y sigue sin atreverse a utilizar
alguno de ellos.
En
cualquier otro país de nuestro entorno, esa banda de sediciosos que
han protagonizado el show de hoy, llevarían ya mucho tiempo entre
rejas. Por el contrario, se les han enviado otros 1.800 millones.
Esto es de locos.
