Era
el 12 de diciembre de 2008, una empleada pública del Canal de Isabel
II llamada Araceli, tomó la decisión de escribir una carta a
Ignacio González, en donde le indicaba, que había llegado a su
poder un documento que vinculaba claramente a tres altos cargos de la
empresa, que en asociación, estában actuando en claro fraude de ley
desviando fondos públicos para financiar a una gran constructora. La
carta se la entregó en mano al entonces secretario de Ignacio
González, actual alcalde popular de Las Rozas.
Hablamos
de una mujer afiliada por entonces al Partido Popular y que antes de
dar este paso incluso lo consultó con su párroco, tomando esa
decisión por entender que era su obligación, craso error el suyo,
pues al enviar esa carta estaba firmando, sin saberlo, su carta de
despido.
Esta
geóloga, esperó una llamada que nunca se produjo, empezó a notar
comportamientos extraños de sus compañeros hacia ella, llegaba a
sus manos menos trabajo, notaba desconfianza, incluso evitaban que
viera ciertos documentos relacionados con ciertas obras.
Pasados
nueve meses, el acoso era insoportable, empieza a no poder dormir, en
el trabajo se la ignora por completo, empiezan a llegarle partes y
sanciones sin justificación. A comienzos de 2010 deja su puesto de
trabajo por una baja por ansiedad, al volver, dos partes más le
costaron su despido, un despido declarado procedente por un juez
amigo del poder político, quien aceptó como reales las causas
esgrimidas por la empresa acusándola de utilizar su puesto en el
Canal para intentar que una empresa alquilara unos terrenos
familiares, todo falso.
No
solo habría que meter en la cárcel a la trama corrupta de
políticos, todos los funcionarios y empleados que han colaborado en
putear a Araceli deberían ser juzgados y condenados.
A
mí esta historia, me indigna sobremanera, mucho más que la
corrupción en sí misma. Mientras que no se restituya a esta señora
en su puesto, se la indemnice generosamente y se le haga un acto
público de reconocimiento, no se habrá hecho Justicia.
Este
caso me hace recordar lo que personalmente sufrí allá por 2008
también cuando siendo concejal y presidente del Partido Popular de
Valencina de la Concepción (Sevilla), se me ocurrió denunciar la
corrupción de compañeros concejales ante el partido, como resultado
fui acosado y obligado a hacerme concejal no adscrito para a
continuación poner los documentos en manos de la Fiscalía. Muchos
de aquellos “cabrones” siguen ocupando importantes parcelas de
poder en el Partido Popular de Sevilla y cargos públicos varios.
Este
comportamiento no es exclusivo del PP, en Andalucía, al funcionario
que denunció los grandes fraudes, tras hacerle la vida imposible, lo
quieren meter en la cárcel. Nadie protege a los empleados públicos
que ayuden a destapar prácticas fraudulentas, por el contrario, se
traslada el mensaje de que hacerlo es muy perjudicial para el
“valiente”.
Lo
vemos en el Parlamento, la corrupción solo sirve sacar rédito
político y desgastar al adversario, nadie habla de casos como este
porque en el fondo, nadie quiere dar alas para que se denuncien las
tramas corruptas que unos y otros tienen montadas en las
administraciones que controlan. Vergüenza tenía que darles.
