Andalucía tiene el impuesto
de sucesiones más alto de España, lo que provoca, que las renuncias de
herencias batan records año tras año. Lo que el gobierno socialista de la Junta
de Andalucía hace en este campo, es simplemente confiscar, robarle a los más
débiles lo poco que han amasado sus padres durante toda su vida. La ciudadanía andaluza debería movilizarse y obligar a
eliminar este justo impuesto.
Desde enero a septiembre de
2015, hubo 4.993 renuncias a recibir bienes de un familiar fallecido en
Andalucía. Se repudiaron 3.507 herencias más que en los nueve primeros meses de
2010, lo que representa un incremento del 236 por ciento.
Existe una relación directa
entre el número de actos de renuncia y la factura del impuesto de sucesiones,
un tributo que gestionan las CCAA, y las plusvalías, que corresponden a los
ayuntamientos.
Hay entre un 30 y 40 por
ciento más de renuncias en las regiones donde el impuesto es más alto. En
Madrid, que tiene una exención del 99% para herencias de los padres a sus
hijos, las renuncias crecieron un 134 por ciento, frente al 236 por ciento más
registrado en Andalucía entre los nueve primeros meses de 2010 y el mismo
periodo de 2015. Y es que en Andalucía, heredar puede ser hasta cien veces más
caro que en Madrid.
En Andalucía está exento de
pagar este tributo un hijo, cónyuge o padre cuando el valor de los bienes que
recibe, después de aplicar las reducciones (base imponible), no supera los
175.000 euros. Pero si la tasación del inmueble es de sólo un euro más, 175.001
euros, entonces deberá pasar por la caja de la Consejería de Hacienda y
abonarle en torno a 21.900 euros. Un auténtico robo.
Las comparaciones, en
algunos casos, resultan odiosas. Un hijo soltero mayor de 21 años que hereda de
su padre bienes estimados en 800.000 euros, de los cuales 200.000 corresponden
al valor de la vivienda de su progenitor, debe pagarle a la Consejería de
Hacienda 164.049 euros en Andalucía, cien veces más de lo que abonaría si
viviera en Madrid (1.586 euros), que es la comunidad con la tributación más
reducida.
La fría estadística no
tiene vuelta de hoja y desarma la versión oficial del Gobierno andaluz, que
desvincula el incremento de herencias repudiadas de la alta tributación que
soportan en Andalucía. Los rechazos suben año a año y todavía no han tocado
techo. Si entre enero y septiembre de 2014, el número de renuncias era de
4.313. En el mismo periodo de 2015 hubo 680 actos más.
