En cualquier democracia, se
pueden dar casos de corrupción en sus administraciones, eso en sí mismo es muy
grave, pero es mucho más grave el hecho, de que cuando un funcionario denuncia
un caso de corrupción, sea represaliado y esa acción perpetrada por el poder
político quede impune. Y eso es lo que sucede en la corrupta Junta de
Andalucía.
La administración andaluza
ha cometido una gran cacicada, pues ha destituido de la jefatura que ocupaba a
Luis Escribano, el funcionario que se negó a acatar las órdenes irregulares que
recibió de sus superiores para favorecer a municipios gobernados por el PSOE en
la provincia de Granada y así discriminar a los demás, él se negó a cumplir las
instrucciones que recibía e informó negativamente sobre las subvenciones
solicitadas por varios municipios gobernados por el PSOE, por los amiguetes del
poder socialista andaluz.
Luis Escribano es un
funcionario atípico, aunque para mí, ejemplar, pues acumula una larga
trayectoria de denuncias en los tribunales y en las RRSS sobre casos de
corrupción y todo tipo de arbitrariedades cometidas por la Junta de Andalucía.
Para mí, este tío debería ser homenajeado y ascendido, y no castigado.
Estamos ante un nuevo caso
que demuestra a las claras, que los grandes partidos, en el ámbito de las
palabras dicen querer combatir la corrupción, pero que en el ámbito de los
hechos hacen justamente lo contrario.
Que a estas alturas no se
haya, presentado y aprobado, una ley en nuestro Parlamento que blinde a todo
aquel funcionario que denuncie y destape casos de corrupción, demuestra la
hipocresía de los partidos políticos y el alto grado de putrefacción de nuestro
sistema democrático.
El mensaje que se está
lanzando a todos los empleados públicos es el de “traga y déjate mangonear por
los políticos, así no tendrás problemas”. Desde luego, así jamás se erradicará
la corrupción de nuestro país.
