Hace casi seis años, se
interpuso ante el Tribunal Constitucional un recurso contra la prohibición de
los toros en Cataluña. Ahora ya cuenta este tribunal con una ponencia favorable
en la que se deja patente que el Parlamento catalán invadio las competencias
del Estado cuando los prohibió el 28 de julio de 2010.
El artículo 149 de nuestra
Constitución arroga al Estado la competencia exclusiva de la defensa del
Patrimonio Cultural y la consideración del servicio de la Cultura como deber y
atribución esencial. Ninguna comunidad autónoma tiene competencias para
prohibir una actividad cultural considerada Patrimonio Cultural desde el 29 de
julio de 2011. Nuestra Constitución garantiza la libertad de todos los
españoles de acceder a las manifestaciones culturales.
La Tauromaquia en España es
considerada Bien de Interés Cultural, gozando de la máxima protección y
trasladando a la Administración un deber, de protección y fomento, como
elemento fundamental de nuestra Cultura.
Esta ponencia del Tribunal
Constitucional, supone un blindaje para la tauromaquia en toda España frente a
esa ola prohibicionista encabezada por la
liberticida izquierda radical que tan de moda se ha puesto en el lumpen
político de nuestra sociedad, ese lumpen que odia y trata de eliminar todo lo
que huela a España.
Sin ser en absoluto
taurino, cuando el fallo del TC se haga público, me alegraré enormemente, pues
la libertad y la legalidad se habrán impuesto. Otra cosa es, que en Cataluña se
cumpla este fallo, pues sabemos que las sentencias que no les gusta a los
separatistas en esa región española no se cumplen, y los que tienen la
obligación de cumplir y hacer cumplir la legalidad, es decir, el Gobierno de
España, nos tiene demasiado acostumbrados a mirar para otro lado. Una actitud
repugnante que ha conseguido que en Cataluña no esté vigente el Estado de derecho
desde hace ya demasiado tiempo.
