Mientras que la Junta de
Andalucía sigue recortando en su presupuesto sanitario, 6.200 millones desde
2010 y casi 6.000 empleos menos en el SAS, mientras su política con los
empleados públicos andaluces es la de recortar profesores, la de no recuperar
los derechos laborales perdidos y la generalizada precariedad de contratos,
mientras eso ocurre, sube el presupuesto un 16% para los altos cargos.
Según los presupuestos de
la comunidad autónoma, el gobierno andaluz se gasta el triple de lo que dedican
otras CCAA como Galicia, Castilla La Mancha o Extremadura, en pagar los sueldos
de sus altos cargos.
El ejecutivo andaluz tiene
en nómina a 233 altos cargos y otros 48 de los llamados entes instrumentales, a
los que hay que sumar los 255 puestos de confianza “pesebril”, asesores
colocados a dedo en las consejerías y otros organismos de la Junta de
Andalucía.
Pero la cosa no queda ahí,
hay además otros 150 directivos en los organigramas de los principales entes
instrumentales de eso que llaman administración paralela, una administración
desorganizada y sobredimensionada con el objeto de dar de comer a todos los
suyos.
Andalucía es una tierra
donde la pobreza ha echado raíces, donde demasiadas familias no tienen ni
siquiera para cubrir las necesidades mínimas de sus miembros, y mientras esto
ocurre, los que nos gobiernen, los que tienen la obligación de procurar nuestro
bienestar se dedican a cubrir únicamente las necesidades de los suyos, y las
migajas que les sobran, las reparten.
Por eso en esta tierra se
tiene tanta comprensión desde la administración con la economía sumergida, si
la combatieran de verdad, se produciría una revolución y arderían los edificios
públicos. Muchos andaluces empiezan a estar hartos de esta realidad.
