Si la situación política no
estaba ya bastante complicada, ahora, con esta decisión judicial, se le da más
argumentos a quienes se niegan a permitir que Mariano Rajoy sea investido como
presidente del Gobierno.
Una jueza de Madrid, Rosa
María Freire Pérez, ha procesado este martes al Partido Popular como persona
jurídica por la destrucción de los ordenadores del ex tesorero del Partido Popular
Luis Bárcenas.
La magistrada propone
juzgar también por daños informáticos y encubrimiento a la actual tesorera popular,
Carmen Navarro, ya que “permitió de forma expresa o tácita que su subordinado
Moreno” eliminase los discos duros pese a que “conocía sobradamente las
circunstancias del apoderamiento y custodia de los ordenadores portátiles del
señor Bárcenas” y “la disputa jurídica en torno a los mismos”. También propone
juzgar al abogado Alberto Durán y al informático José Manuel Moreno.
Al Partido Popular se le
procesa como persona jurídica por “no haber establecido un modelo de
organización y gestión adecuado para impedir la comisión de este delito”.
La magistrada actúa contra
el criterio de la Fiscalía, que solicitó el archivo de la causa durante la fase
de instrucción. Según el auto, tanto el abogado Durán como la tesorera Navarro
«acordaron la destrucción física de los discos duros» con
«aplicación de técnicas drásticas para su destrucción a conciencia».
Con ello, entiende la
magistrada, los responsables buscaban «impedir que datos importantes
relativos a la contabilidad paralela» y «otros extremos» que
Bárcenas guardaba en sus ordenadores portátiles pudiesen acabar formando parte
de la investigación sobre la caja B del PP que llevaba a cabo el juez de la
Audiencia Nacional Pablo Ruz. Esta información «podía resultar muy
relevante», no solo para Bárcenas «sino para la investigación»
sobre los papeles de Bárcenas, considera la magistrada.
La juez Freire recuerda en
su auto dos aspectos relevantes: el primero es, que no hay todavía una resolución firme que
otorgue al PP la propiedad de los ordenadores que usaba Bárcenas en la sede nacional del PP.
El segundo es que «no ha resultado acreditado» que dichos ordenadores
estuviesen vacíos cuando se les sometió al proceso de eliminación, como
sostiene el PP. Es más, para la magistrada resulta relevante que Bárcenas
adoptó en la sede nacional del partido medidas de seguridad para proteger las
dos computadoras.
La juez recuerda que desde
abril de 2010, cuando Bárcenas abandonó la tesorería tras ser imputado en el
caso Gürtel y enero de 2013, Bárcenas acudía a su despacho de la sexta planta
de Génova 13 de forma regular «dos o tres días a la semana». Allí
estaba «provisto de secretaria, chófer, servicio de informática y 21.300
euros mensuales, entre otros elementos personales y materiales que el partido
le proporcionaba».
No obstante, me sorprende
sobremanera que pretendan hacernos creer, que una tesorera, un abogado y un
informático, sean los únicos responsables, que lo hicieron sin recibir órdenes
de la cúpula política del partido. Pero así es este país, todos pueden ir a la
cárcel menos los dirigentes políticos.
Sobre todo, desde la izquierda,
se dirá ahora que tras esto como van a propiciar que el Partido Popular forme
Gobierno, yo solo digo, que quienes les han dado su confianza estaban al tanto
de todo esto, y sin embargo, les votaron. El porqué de ello, deberían de
estudiarlo con detenimiento los demás partidos.
