La Ley de Transparencia
Pública de Andalucía, se ha convertido en papel mojado. Aún recuerdo aquellos
grandielocuentes discursos de los mandamases del régimen socialista andaluz
cuando se aprobó la ley, autoproclamandose como adalides de la transparencia.
Pues bien, todo ha quedado en nada.
El art. 32 de esa ley,
establece, que las demandas de información deberán resolverse en el menor plazo
posible, fijándose concretamente veinte días hábiles desde que el órgano
competente recibe la petición cursada, no obstante, la ley establece que ese
plazo se puede prorrogar en el caso de que el volumen de la información
solicitada lo requiera, previa notificación al solicitante.
Pues bien, hace más de tres
meses se registró una doble solicitud de información pública a través del
Portal de Transparencia, solicitando cuantas tarjetas de crédito o débito tiene
la Junta de Andalucía, a disposición del personal de su estructura como el de
sus organismos autónomos y cual fue el gasto que generaron el pasado año, así
como, el detalle del caso de la presidenta.
La Junta de Andalucía ha
incumplido todos los plazos para responder y ha optado por el silencio culpable
como única respuesta. Algo escandaloso.
Allá por octubre de 2014,
la Consejería de Hacienda y Administración Pública, ante las preguntas de la
oposición, negó tajantemente que en la Junta existan tarjetas de crédito para gastos
de libre disposición, ante el estupor general.
Sobre este asunto, tampoco
se han pronunciado los socios de gobierno del PSOE, y me estoy refiriendo a
Ciudadanos, lo mismo Juan Marín considera que estas actitudes forman parte del
programa de regeneración democrática con el que fueron a las elecciones.
Ciudadanos apoya a un
gobierno con consejeros y altos cargos investigados (imputados), y que se niega
a dar información sobre las tarjetas de crédito de la administración
autonómica. Vamos, de auténtica traca.
