De todos es sabido, que las
resoluciones judiciales referidas a la defensa del derecho a estudiar español
en Cataluña, no han sido cumplidas por la administración catalana desde tiempos
inmemoriales ante la pasividad del gobierno de nuestra Nación.
El gobierno de Rajoy, en
vez de hacer que se cumplan esas resoluciones judiciales, buscó un subterfugio,
una chapuza dentro de la Lomce, seguramente para intentar limpiar una
conciencia demasiado sucia, costeando colegios privados a las familias que por
el sistema público no consiguen una educación en español para sus hijos. El
Real Decreto establecía que el Estado adelante cada mes a los afectados los
gastos de la escolarización, y cada tres meses Hacienda, se lo deduzca de la
financiación a las CCAA que ejecutan la criminal inmersión lingüística.
Mariano Rajoy pretendía con
ello, compensar la pertinaz burla de la Generalidad a la Ley. Pero esta
solución chapuza obligaba a las familias a una larga y desagradable lucha
contra una administración sin escrúpulos que utilizaba las trabas burocráticas
para desesperarlas. El resultado era que las familias tenían que adelantar el
pago al colegio privado durante meses y arriesgarse a ser señaladas por el
régimen. Como consecuencia de ello, Educación solo ha recibido 368 peticiones,
cifra que demuestra el gran fracaso del Gobierno.
El Gobierno de Rajoy ha
demostrado también en esto, su incapacidad para defender el derecho de los
ciudadanos españoles de Cataluña a escoger la lengua vehicular en los centros
educativos, un derecho reconocido en nuestras leyes. Cuando un gobierno no es
capaz de cumplir y hacer cumplir las leyes, demuestra como mínimo, que ese
supuesto estado de Derecho está enfermo, y por supuesto, que la debilidad de
los sucesivos gobiernos centrales ante las ilegalidades que cometen las CCAA
rebeldes debería empezar a preocuparnos muy mucho.
