El socialista Fernando
Rodríguez Villalobos, ha revalidado por enésima vez su mandato como presidente
de la Diputación de Sevilla, y una vez más, está reeditando el escándalo que
perpetra año tras año cuando decide quien, durante los cuatro próximos años, va
a disfrutar de ese pesebre pagado con los impuestos de todos los sevillanos.
Desde que tomó posesión a
finales de junio, el mandatario provincial ha contratado hasta la fecha como
personal de confianza a doce alcaldes y seis ex alcaldes socialistas, de los
que tres han sido desalojados de sus respectivas alcaldías tras las últimas
elecciones municipales del 24-M. Hablamos de fichajes realizados exclusivamente
por el gobierno de esa Diputación, por lo que no se incluyen a los altos cargos
de las empresas y organismos públicos, en donde la relación de enchufados es
insultante.
Esta es la política de
contratación habitual desde tiempos inmemoriales, y en donde es condición
imprescindible ser socialista de carnet para ser contratado. Hablamos de una
veintena de enchufados que van a ocupar en el gobierno provincial, cargos de
coordinadores territoriales o de asesores en las diferentes áreas, eso sí,
todos ellos percibirán un sueldo anual de 40.758 euros por simular que
trabajan.
Si leemos las resoluciones
publicadas en el BOP de la provincia de Sevilla, los nuevos puestos de todos
estos alcaldes tienen un régimen de “dedicación plena” algo imposible de
cumplir al tener que compatibilizarlo con su responsabilidad como máximos
responsables de sus respectivos ayuntamientos. Es decir, engaño tras engaño.
Los ciudadanos sevillanos
que pagamos religiosamente nuestros impuestos, sentimos una absoluta repugnancia
ante estos hechos, y cada vez más, estamos convencidos de que esa
administración provincial es completamente prescindible.
Ver como con nuestro
dinero, el PSOE mantiene en pié ese chiringuito particular donde le da de comer
a sus legiones de enchufados, demuestra en que se ha convertido la política
y a que se dedican los partidos.
