Una vez constituidos los
diferentes ayuntamientos, ahora les toca a las Diputaciones Provinciales, ese
anacrónico escalón de la administración, esas estructuras redundantes y
superfluas cuya misión principal es la de enchufar a amiguetes y pagar los
servicios prestados a políticos quemados.
No podemos olvidar, que las
diputaciones manejan un presupuesto de 23.000 millones de euros y tienen una
plantilla de 61.000 empleados, plantilla que se ha incrementado en los últimos
meses. Un auténtico despilfarro si tenemos en cuenta que se trata de una
administración redundante y superflua. La teórica misión de las diputaciones es
la de acompañamiento y apoyo a los municipios más pequeños y no disponen de
financiación propia, por lo que son meros receptores de fondos del gobierno
central y autonómico.
El día que se produzca en
España la necesaria y aconsejable fusión de municipios, esa que ya se ha
llevado a cabo en otros países de nuestro entorno, las diputaciones
desaparecerán y esos 6.000 millones de euros que nos cuestan podrán destinarse a
potenciar los servicios públicos esenciales o a bajar los impuestos.
Lo que sucede, es que la
partitocracia que padecemos va a tratar de impedir por todos los medios su
desaparición, pues es una estructura esencial en el sistema parasitario que
tiene implantado a nuestra costa para alimentar a su abundante fauna de
enchufados y a esa legión de políticos profesionales que viven plácidamente
aferrados al torrente sanguíneo de nuestra sociedad cual vulgares sanguijuelas.
