Que la Junta de Andalucía y
el PSOE andaluz, traten de intoxicar a la población andaluza extendiendo el
temor de que el bloqueo de la investidura de Susana Díaz lleva aparejado la
imposibilidad del normal desarrollo de la vida regional y de la normal
prestación de los servicios públicos básicos, es completamente impresentable.
Esa sola insinuación acerca
al socialismo andaluz a la ilegalidad, a la vulneración flagrante de la
legalidad especificada en el Estatuto y a la amenaza velada de chantajear a los
partidos de la oposición con una supuesta dejación de funciones.
Susana Díaz adelantó las
elecciones de forma irresponsable sencillamente porque le dio la gana,
aduciendo que buscaba estabilidad, y nos ha abocado a la inestabilidad política
más importante que se recuerda. Por ello, amenaza ahora, de los graves efectos
prácticos que supone o podría acarrear en el futuro inmediato la negativa de
los demás partidos a apoyarla, algo que resulta patético.
El Art. 37 de la Ley del Gobierno
de la Comunidad Autónoma de Andalucía lo dice muy claro, “el Ejecutivo en funciones está obligado al
despacho ordinario de los asuntos públicos de su competencia” pudiendo incluso
adoptar decisiones extraordinarias en “casos de urgencia o interés general
debidamente acreditados”. Por ello, cualquier intento del PSOE andaluz de
perjudicar a la ciudadanía andaluza en los servicios básicos que reciben para
culpabilizar a la oposición, debería tener la respuesta inmediata y fulminante
del órgano competente y castigar a quienes no dudan en utilizar como moneda de
cambio político el bienestar de los andaluces para no perder el poder.
