El Servicio Público de
Empleo Estatal (SEPE) nos cuesta a todos los españoles, 243 millones de euros
anuales solo en personal, e incluso, según ha manifestado el Ministerio de
Empleo, su plantilla ha aumentado desde el año 2008 un 12%. Recordemos que las
CCAA tienen transferidas las políticas activas de empleo.
Pues bien, de los 14 millones
de contratos de trabajo que se realizaron en 2014, solo 281.000 se
intermediaron en las oficinas públicas de empleo. Incluso las Empresas de
Trabajo Temporal (ETT), con las limitaciones que tienen, colocaron a casi
400.000 personas.
Las oficinas de empleo, se
han convertido en lugares donde no se coloca a casi nadie y que solo se limitan
a atender a los parados que se apuntan como demandantes de empleo o a gestionar
los pagos bancarios de quienes tienen derecho a percibir el subsidio. Además,
muchas de las supuestas colocaciones proporcionadas a través de esas oficinas
son falsas, pues se producen cuando el trabajador ha encontrado por sí mismo un
trabajo, y se da de baja y alta al mismo tiempo en estas dependencias para que
la empresa que le contrata se beneficie de posibles bonificaciones.
No es justificable mantener
abiertas esas oficinas con el formato actual, con ellas no se consigue el
objetivo para el que fueron creadas. Parece como si ningún gobierno se
atreviera a meterle mano a este asunto, parece como si lo único que se pretenda
es mantener este despilfarro con el objeto de mantener los puestos de trabajo
de quienes en esas oficinas trabajan.
Los que vemos necesario
adelgazar las administraciones, vemos este caso como escandaloso y no entendemos
como se mantienen estructuras muy costosas y del todo ineficaces.
