Todo parece indicar, que
nos podemos encontrar ante un nuevo escándalo protagonizado por la Junta de
Andalucía. Todos recordamos el desastre ecológico en las minas de Aznalcollar
allá por 1998 cuando eran gestionadas por la empresa Boliden. Ahora, la Junta
de Andalucía, acaba de otorgarle la concesión para su explotación a la empresa
Minorbis-Grupo México en la que participa la empresa Magtel, vinculada a ex
altos cargos autonómicos del PSOE.
Una de las empresas que
había participado en el concurso internacional para conseguir la concesión de
la explotación de las minas, exactamente, Emérita Resources, ha denunciado al
ejecutivo andaluz ante los tribunales por presunta prevaricación, cohecho y
fraude en adjudicación ilegal, reclamando a la autoridad judicial la
paralización cautelar de la adjudicación.
La concesión de las minas a
la empresa en la que tienen intereses los amiguetes del poder en Andalucía,
huele que apesta, y todo parece indicar que nos encontramos ante un nuevo
episodio de clara corrupción. En el mundo empresarial internacional ya se
conoce que en Andalucía solo se le da dinero a ganar a empresas que tengan
vínculos de algún tipo con el PSOE, la forma de funcionar de la Junta de
Andalucía cada vez se parece menos en su proceder a la realizada en los
gobiernos regionales europeos y más al estilo de la Venezuela de Maduro.
Como la noticia de la
denuncia por concesión irregular le molesta a Susana en tiempos electorales,
ella a su vez, ha reactivado la denuncia contra Boliden reclamándole 89
millones de euros por la limpieza del vertido de 1998, para así, intentar tapar
el nuevo escándalo, cuando lo que es un auténtico escándalo es que tras 17
años, la Junta de Andalucía no le haya podido cobrar a Boliden ni un solo euro
por el desastre ecológico que provocó ni por los gastos derivados, gastos
millonarios que hemos pagado todos los andaluces con el dinero de nuestros
impuestos.
