Hay una información
bastante escandalosa que los principales medios de comunicación no han
divulgado y a la que solo se puede acceder en la red. Una información que da la
razón a quienes sostienen que la connivencia del poder judicial y los políticos
es alarmante.
Resulta que 16 de octubre,
Ángel Acebes, ex ministro del Interior y ex secretario general del PP, y tres
amigos, comieron en el restaurante Ciriaco de la calle Mayor de Madrid con
Manuel Marchena, presidente de la sala segunda del Tribunal Supremo. A los
pocos días, cinco exactamente, el juez Ruz tomó la decisión de imputar a Acebes
por la compra de un paquete de acciones de Libertad Digital con dinero de la
supuesta caja B del Partido Popular y dentro de la llamada “mafia Gurtel”.
No podemos olvidar, que el
juez Marchena era el encargado de juzgar a los políticos aforados al ser la
sala segunda del Tribunal Supremo el órgano judicial competente para ello.
La denuncia que
suscribieron varios abogados, fiscales, letrados, juristas e incluso jueces, llegó a la fiscalía anticorrupción, y Carlos
Lesmes, presidente del Consejo General del Poder Judicial, tras recibirla la
metió en un cajón y allí está incumpliendo los plazos que marca la ley para
tramitar el expediente.
¿Por qué la denuncia es
tapada por el presidente del CGPJ y por los veinte vocales nombrados a dedo por
los viejos partidos? ¿Por qué los medios de comunicación no investigan las
razones de este escandaloso retraso? Carlos Lesmes hace ya tiempo que debió
convocar al CGPJ y cesar al magistrado Marchena por protagonizar unos hechos
tan deplorables.
La comida a la que se dejó
invitar el magistrado Marchena fue de todo menos monacal, más bien podría
denominarse pantagruélica. Dos kilos de angulas por unos 4000 euros, dos
bandejas de percebes y cinco chuletones de Ávila por unos 1000 euros, y todo
ello regado por vino magnum de Petrus a 5000 euros la botella. Por la enjundia
del menú se podría pensar que estamos ante un auténtico soborno gastronómico.
Se desconoce si esta orgía
del buen comer se pagó con dinero público o privado, pero me atrevería a
considerarla un auténtico insulto a la ciudadanía y a los cientos de miles de
familias que están inmersas en la pobreza y que hasta pasan hambre.
Un ejemplo más de la nula
independencia del poder judicial, un poder que está arrodillado ante el poder
político y del que solo se salvan unos cuantos jueces, casi todos de
instrucción.
