Esta noticia ha sacudido
hoy los cimientos del socialismo español y sobre todo del andaluz, la Sala Segunda del Tribunal
Supremo ha abierto una causa contra los ex presidentes de la Junta de Andalucía,
Manuel Chaves y José Antonio Griñán, por el caso de los ERE irregulares.
Con el informe favorable de
la Fiscalía, la Sala de lo Penal del Supremo ha asumido también la
investigación sobre los exconsejeros José Antonio Viera y Gaspar Zarrías, en su
calidad de diputados del Congreso como hace con Chaves; y de la también
exconsejera de Andalucía Mar Moreno, en su calidad de senadora.
El Supremo ha nombrado a
Alberto Jorge Barreiro instructor del caso y ha hecho público este jueves un
auto, en el que hace constar que en este momento procesal le corresponde
exclusivamente a la Sala “verificar si en la exposición motivada que le ha sido
reenviada se consignan hechos que pudieran ser delictivos, si existen indicios
consistentes y principios de prueba de la participación en ellos de las
personas aforadas».
El Supremo se hace eco de
la exposición razonada de Alaya para afirmar que de los indicios contra los
aforados «derivan de su posición de alta y especial responsabilidad
política» dado los cargos que desempeñaban y de su intervención en las
decisiones de «creación o mantenimiento del sistema que facilitaba esa
forma de proceder e incluso, respecto a alguno de ellos, en la ejecución de
actuaciones concretas de aplicación del referido sistema».
Resulta pues
«imprescindible» continuar la investigación sobre estos hechos y la
participación en los mismos de los aforados. Además, el auto recoge que, si
como consecuencia de las diligencias, el instructor aprecia la existencia de
indicios racionales de criminalidad contra los aforados deberá exponerlo a esta
Sala para solicitar suplicatorio.
El TS continúa recogiendo
la exposición razonada, cuando señala que la «consecuencia directa de
presupuestar esas cantidades como transferencias de financiación cuando eran
para ayudas sociolaborales para empresas eran la facilidad de elusión de todos
los controles en tanto se evitaba la aplicación del procedimiento legalmente
aplicable a las subvenciones que era el correspondiente».
Sigue señalando que eso
permitía una «absoluta discrecionalidad» en el uso de los fondos,
pues «no existía ninguna normativa que estableciera de antemano los requisitos
de los posibles beneficiarios y las ayudas o subvenciones se concedían sin
solicitud previa, sin documentación justificativa, sin bases reguladoras, sin
examen del proyecto, que era inexistente, y sin comprobación del destino de la
cantidad entrega».
De esa forma, continuando
con la exposición de Alaya, el Supremo recoge en su auto que según que el
destino de las cantidades previstas para las ayudas se orientó mayoritariamente
a personas y empresas próximas a los sindicatos, a cargos de la Junta de
Andalucía o del PSOE andaluz. «Tales hechos, sin perjuicio de lo que
pudiera resultar de la investigación, pudieran ser constitutivos de delitos de
prevaricación y malversación de fondos».
La jueza Mercedes Alaya
«preimputó» a los cinco cargos con aforamiento nacional y les otorgó
el mismo derecho que los imputados en los procedimientos penales. La Fiscalía
del Supremo solicitó la pasada semana a la Sala de lo Penal del TS que se
declarase competente para conocer el «real alcance» de los hechos
atribuidos a los cinco.
Susana Díaz nos dijo hace
pocos días, “que no le temblará el pulso a la hora de exigirle el escaño a
cualquier cargo que resulte imputado”. Tras la decisión del Tribunal Supremo,
tanto ella como Pedro Sánchez, no pueden escurrir el bulto como parece que
pretenden, haciendo declaraciones como las que han realizado tras enterarse de
la noticia. Decir a estas alturas, que Chaves y Griñan deseaban que sucediese
lo que ha ocurrido para poder defenderse y aclararlo todo resulta surealista.
Susana Díaz y Pedro Sánchez
son ahora mismo rehenes de sus palabras, si no actúan de inmediato y exigen a
todos, la devolución de sus actas, significará simplemente que siempre nos han
mentido y que el PSOE ampara a esta banda de delincuentes. Que el PSOE nos
diga a estas alturas que siguen sin
estar imputados (están encausados) resulta bastante bochornoso. Confío en que
el que supuestamente dirige el PSOE y la que lo mantiene en el puesto recapaciten
y hagan lo que deben, si no lo hacen, los ciudadanos se lo harán pagar en las
urnas.
