En el mes de mayo, la juez
Alaya le impuso a Magdalena Álvarez una fianza
de treinta millones de euros por delitos de prevaricación y malversación
de caudales. La juez no tiene ninguna clase dudas de que Álvarez es la
responsable de la puesta en marcha de un entramado de normativas de las que se
valió la Junta de Andalucía para alimentar el fondo de reptiles de los ERE con
partidas presupuestarias que escapaban a todo control, y lo hizo, con el
criterio contrario de la Intervención General de la propia Junta de Andalucía.
Estamos hablando de la
presunta gran responsable del mayor saqueo de fondos públicos de la historia
reciente de España. Un fraude que podría alcanzar casi los 1.300 millones de
euros, una cifra mareante que es a su vez una ofensa, a tanto y tanto andaluz,
que ni siquiera pueden tener satisfechas las necesidades básicas de sus
familias.
Ahora Álvarez dimite al
verse acorralada, no dando tiempo a que la echen para así no perder ese gran
chollo que supone cobrar 10.000 euros mensuales hasta que se jubile y
posteriormente 4.600 euros de pensión vitalicia.
Lo cierto es que se va
tarde y mal, pero ella insiste en mentir y justificar su salida como un
sacrificio personal frente a una campaña de acoso del Gobierno hacia su persona,
algo totalmente falso pues su comprometida situación judicial era incompatible
con el código ético del Banco Europeo de Inversiones (BEI). Ha preferido dañar
la imagen de España y poner en apuros al BEI por su tozudez y soberbia.
No hay ninguna forma legal para que no llegue a cobrar ese dinero?. Por que la verdad es vergonzoso.